El Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia del PP contra el alcalde de Catral, Pedro Zaplana, de Alternativa por Catral (APC), y tres ediles de su equipo de gobierno, Roberto Llopis (PSOE), Francisco Grao (APC) y Águeda Pérez (APC), por un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos. Según la sentencia «la conducta de los querellados no encaja en ningún delito contra la Administración Pública», por lo que no se aprecian «indicios sostenibles de criminalidad» contra ellos. El juzgado se adhiere plenamente al informe del ministerio fiscal, que solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones por considerar que «no queda acreditada la comisión de ningún delito por los denunciados».

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada el pasado 12 de abril por el portavoz del grupo municipal popular de Catral, Joaquín Lucas, donde se recogía que el alcalde, supuestamente, «invitaba» a esos ediles a las juntas de gobierno, «sin ser miembros de ella, para que presuntamente pudieran cobrar un complemento económico». Los populares alegaban que estos ediles, entre los periodos 2013 y 2015 -en el caso de Grao y Llopis- y desde 2015 hasta la actualidad -en el caso de Pérez-, habrían percibido de «manera fraudulenta 30.160 euros en presuntos sueldos encubiertos, a razón de 130 euros por sesión». Según el PP de Catral, esta práctica resulta «a todas luces ilegal», porque su objetivo no es otro que la «asignación de unas retribuciones económicas devengadas periódicamente y de modo permanente a favor de estos concejales, que no les corresponderían al no ser miembros de la junta de gobierno local», ni estar aprobadas por el pleno.

Sin embargo, el juzgado que ha dictado la sentencia de archivo de las diligencias manifiesta que «se aprecian serias dudas de que las resoluciones sean manifiestamente injustas, haciendo desaparecer el aspecto penal de la infracción». El Fiscal considera que la posibilidad de invitar a las juntas de gobierno a los concejales del equipo de gobierno municipal está «amparada por la ley» y, además, el Secretario-Interventor así lo ha hecho constar en tres informes en octubre de 2014, julio de 2016 y enero de 2018, además de ratificar el pasado 22 de noviembre, en su declaración en sede judicial en calidad de testigo, que es «totalmente legal».

El Fiscal reprocha al portavoz del PP que ha tenido 5 años para recurrir por esa vía ya que «es la jurisdicción competente para conocer esos litigios, al no ponerse de manifiesto ninguna patente, grosera y aberrante ilegalidad en la forma de proceder del alcalde denunciado».

Tras conocer la sentencia, que se puede recurrir, el alcalde ha anunciado que él y los tres edil denunciados van a emprender acciones legales contra el portavoz del grupo popular por «difamar su buen nombre, honradez, honor y su conducta impecable en la gestión del dinero público durante estos seis años de gobierno municipal». Zaplana señaló que «no le va a salir gratis poner en duda la honradez de nuestras familias» porque, según dijo, «Lucas sabía que la conducta del gobierno local era totalmente legal».