El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas preparaba ayer un decreto de paralización y precinto de las polémicas obras de que durante las últimas semanas se han estado realizando en el paraje de Las Zaeras, junto a la carretera que une San Miguel con Torremendo. Amigos de Sierra Escalona (ASE) denunciaba desde hace un mes que la intervención estaba afectando de forma irreversible a un yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce y a una zona de valor ecológico por ser zona de dispersión y nidificación de aves rapaces como búho real.
El concejal de Urbanismo y Actividades, Sergio Correas, indicó a preguntas de INFORMACIÓN que de la inspección realizada por los agentes de la Policía Local el martes -ordenada por la edil de Medio Ambiente, Maria José Costa- se deduce que los trabajos realizados en la finca no se corresponden con la licencia de movimiento de tierras para uso agrícola que obtuvo la propiedad a través del Ayuntamiento, con el aval de la Generalitat. En Las Zaeras se han levantado varios taludes de tierra de gran envergadura, muy visibles desde la carretera, y marcado sobre el terreno lo que podría ser el inicio de una construcción, tal y como pudo constatar este diario. ASE mantiene que los propietarios construyen el campo de tiro que desautorizó tanto el Ayuntamiento como la Generalitat cuando se planteó en 2016. Desde ese momento hasta la fecha el Ayuntamiento ha paralizado en dos ocasiones las obras por no ajustarse a la licencia concedida y la Generalitat, según el municipio ha avalado su reinicio.
El decreto que tiene que firmar el alcalde Ángel Sáez (PP) implica en esta ocasión como medidas cautelares un precinto del acceso y la salida de la maquinaria pesada que lleva semanas desmontando parte de una finca de unos 200.000 metros cuadrados.
El concejal Correas especificó que la paralización se produce por incumplir lo que establece la licencia. En ningún caso, asegura, los técnicos municipales han constatado que se haya afectado al yacimiento de la Edad del Bronce, catalogado en la zona en al año 2000 y que según los colectivos conservacionistas se habría visto invadido por las máquinas. Correas admitió que los informes policiales y de los agentes ambientales de la Generalitat que la obra ni tan siquiera se podría corresponder con un embalse, que aunque sin licencia, estaría ligado al uso agrícola solicitado por la empresa. El mismo edil reiteró que el equipo de gobierno no puede actuar en este tipo de situaciones sin contar con el aval de unos informes técnicos que han llegado ahora tras la última inspección. La misma fuente indicó que los promotores se enfrentarían a una sanción grave en caso de no respetar el precinto y que se vigilará su cumplimiento de forma diaria por la Policía Local. El decreto llega también un día después de que Podemos haya anunciado una pregunta en las Cortes Valencianas al gobierno valenciano sobre este asunto. La iniciativa de la empresa, que ha recurrido cada uno de los decretos de paralización y los expedientes de sanción, planteaba un ambicioso proyecto para dar cobertura en esta zona a la demanda de la práctica de tiro olímpico entre los residentes escandinavos y centroeuropeos que apenas disponen de este tipo de instalaciones en España.
