El alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón (PSOE) y la secretaria accidental del Ayuntamiento acudieron a declarar el pasado día 13 como investigados al Juzgado de Instrucción 3 de Torrevieja por la presunta comisión de un delito de fraude procesal. Es la tercera investigación judicial que suma el primer edil, todas iniciadas a instancias de su jefe de Urbanismo.
Este procedimiento se deriva de una denuncia que el propio primer edil interpuso contra el funcionario y que ahora se vuelve en su contra. El alcalde llevó al juzgado a su jefe de Urbanismo por un supuesto caso de negociaciones prohibidas a funcionarios relacionado con la autorización de una actividad. Caso en el que ni el juzgado ni la Audiencia vio indicios de delito por parte del funcionario y para el que se decretó sobreseimiento libre.
Lo que investiga el juzgado ahora es si para avalar esa denuncia contra su jefe de Urbanismo el primer edil hizo uso de un documento falso «haciendo creer que el funcionario había firmado un decreto junto a un informe que excedía de sus competencias».
La de estafa procesal es un tipo penal poco habitual y aparece reflejada en el código penal «como el engaño que tiene por finalidad producir error en el juez». El documento fue impresa por la secretaria antes de que rechazara su validación y se adjuntó a otro firmado por el técnico que nada tenía que ver con el primero.
En su declaración tanto Butrón como la fedataria municipal indicaron que desconocían por qué ese documento se incorporó a la denuncia contra el funcionario - pese a que Butrón firmó la denuncia-. El alcalde señaló a los servicios jurídicos como responsables de realizar esa acción judicial y ante las preguntas del juez que dijo que entregó el documento a la representación jurídica para que emitiera un informe jurídico pero no para presentarlo al juzgado. Fue el abogado -que aparece en las diligencias como testigo- quien «creyó conveniente presentar ese documento», aclaró Butrón. «No ordené que se presentara, ni lo manipulé, se pidió un informe jurídico», mantuvo.
Más procedimientos
Por su parte, la secretaria indicó que el documento lo imprimió y lo entregó al alcalde para que se realizara un informe jurídico sobre la propuesta de decreto del jefe de Urbanismo y que «no sabía» si la iniciativa de denunciar al funcionario partió del alcalde o de la asesoría jurídica. Señaló al juez que los escritos de los funcionarios pasan por un sistema interno que ella valida y luego llegan al alcalde para que los firme y atribuyó su «modificación» automática al hecho de que no lo validara en este caso. «No es una manipulación, es consecuencia del rechazo de la validación», aseguró ante el magistrado.
Además de esta causa, el alcalde está imputado por supuesta prevaricación urbanística y por supuesto acoso laboral por denuncias presentadas por el jefe de Urbanismo. Ambas causas abiertas en 2012.
