Más de 2,3 millones euros. Es el importe de facturas por servicios prestados sin contrato que la Junta de Gobierno Local aprobó ayer. Un nuevo procedimiento legal obliga a los ayuntamientos a aprobar en el órgano colegiado lo que antes rubricaba el alcalde con lo se llamaba levantamiento de reparo y ahora se denomina por «omisión de la función interventora». Es decir, servicios prestados por proveedores municipales que no cuentan con contrato y se deben pagar igualmente porque se trata igualmente de servicios esenciales.
Por eso desde hace unas semanas el equipo de gobierno también informa «en tiempo real» de cuando se aprueba ese pago. Antes se reflejaban -normalmente a través de las intervenciones de la oposición- en el pleno mensual a través de la dación de cuenta de los decretos de Alcaldía. La Junta de Gobierno Local celebrada ayer aprobó ayer estas facturas «por omisión de la función interventora de acuerdo con la nueva legislación». Según la edil secretaria de la Junta de Gobierno, el nuevo procedimiento legal que se ha puesto en marcha estipula que el pago de facturas en las que se ha omitido la función interventora debe ser atendido por un órgano colegiado. En concreto, fueron seis grandes bloques de facturas los que atendió la Junta.
Basuras
El primero de ellos, y el más abultado, por el abono de la recogida de residuos sólidos urbanos, tanto el pago que se realiza a los vertederos donde se depositan los residuos de Torrevieja como el que se hace a la propia empresa por la limpieza, sin contrato desde junio de 2016. En total 1.973.602 euros. El segundo bloque de facturas corresponde a Costa Azul, con un importe total de 131.680, también por una prestación que se realiza desde hace años sin contrato. También se autorizó el pago a la empresa de mantenimiento de ascensores por 10.527 euros y el alquiler del local del censo correspondiente al mes de agosto, por 3.078,49 euros. Posteriormente, en una sesión celebrada con carácter extraordinario al final de la mañana se ha aprobado también el bloque referido al servicio de ayuda a domicilio por un importe total de 169.469 euros, mientras que sigue pendiente otra factura de servicios de telefonía móvil e internet por errores en la tramitación de la concejalía responsable.
En esta nueva tramitación las facturas pasan primero por el área de Intervención que verifica que se han realizado sin contrato, los órganos gestores de cada área (OGRO) ratifican que el servicio o el suministro se ha hecho y se ha ajustado a precios de mercado, el concejal del área al que corresponda realiza la petición para que se abonen, vuelve a Intervención para que realice un último informe en el que se determina si se propone la revisión de oficio o hay que darle continuidad al expediente. Continuidad para pagar que se autoriza si la indemnización por responsabilidad patrimonial en el juzgado sería superior para las arcas públicas que no proceder al pago. Serrano dijo que «lo que se ha hecho es sacar todo lo que estaba paralizado ya que habían bloques de facturas pendientes de que se instrumentara este procedimiento».
