El juzgado de Instrucción Número 1 de Orihuela ha resuelto la apertura de juicio oral al exedil popular David Costa por dos delitos de prevaricación en concurso con otros dos de fraude en la adjudicación de contratos para el malogrado plan especial de la Ciudad de Deportiva. El Ministerio Público reclama para Costa una pena de cuatro años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público por llevar a cabo esas adjudicaciones cuando conocía, según el escrito de acusación de la Fiscalía, que los suelos sobre los que se adjudicaban los trabajos eran no urbanizables.
En la causa también será juzgado el administrador de la empresa adjudicataria del contrato, Impromón, para el que el fiscal Anticorrupción, Pablo Romero, solicita una pena de 3 años y cinco meses de cárcel. La acusación pública reclama además que ambos sean condenados a indemnizar solidariamente al Ayuntamiento con 17.936 euros.
La Fiscalía asegura que los hechos «fueron concertadamente ejecutados por los acusados actuando no solo con pleno conocimiento de lo arbitrario y flagrantemente ilícito de su proceder, sino también en fraude con los intereses económicos del Ayuntamiento».
Costa fue delegado de Contratación, Recursos Humanos y Modernización de la Administración durante el periodo 2007-2011. El fiscal cree que Costa pretendió «favorecer en todo momento» a la mercantil Impromón y su propietario e «impulsó y dirigió» la tramitación de los expedientes de contratación «teniendo conocimiento de que existían graves inconvenientes e impedimentos legales que harían imposible la prestación de los servicios que se iban a adjudicar y pagar, como finalmente sucedió».
La acusación pública relata que el 8 de febrero de 2010 «no solo antes de la aprobación definitiva del plan especial -denegada finalmente por la Generalitat en 2012- sino incluso antes de su aprobación provisional en el pleno el concejal Costa inició el expediente de adjudicación para la redacción del proyecto para las obras de la primera fase de la Ciudad Polideportiva Multiusos de Orihuela por un importe de 96.280 euros. En el expediente no existía un informe económico que justificara esa cuantía. Y recogía «de forma tajante», subraya el Ministerio Público, que los 25.000 metros cuadrados previstos en el PAU 16-17 de El Escorratel para la actuación «no presentaban dificultad alguna para efectuar las instalaciones». Afirmación, sin embargo, que «no podía distar más de la realidad» indica la Fiscalía Anticorrupción «porque los terrenos eran no urbanizables», tal y como sí advirtió una técnico de Urbanismo en el propio expediente el 16 de abril de ese año, antes de que se estudiaran las propuestas de adjudicación y donde pedía aplazar el procedimiento hasta la aprobación del plan parcial. Pero la mesa de Contratación presidida por Costa siguió adelante, y adjudicó el contrato a Impromón el 20 de julio de 2010. El 4 de marzo de 2011 se dio visto el bueno la factura de 94.400 euros IVA incluido por la redacción del proyecto. Veinte días antes de que ni tan siquiera apareciera registrada en el Ayuntamiento. Para esas fechas el Plan Especial de la Ciudad Deportiva, ubicado en terrenos inundables, tampoco estaba aprobado por Conselleria.
Para tramitar este proyecto Costa impulsó y adjudicó otro contrato: el de dirección de obras y coordinación en seguridad y salud de la ejecución de la Ciudad Deportiva. La secuencia es similar, siempre según Fiscalía, aunque en este caso por un importe de 70.500 euros en un procedimiento negociado sin publicidad al que también se invitó a Impromón: ganó el contrato por 63.720 euros y se firmó el 9 de junio, dos días antes de que el edil, ya en funciones, dejara sus competencias como delegado tras las elecciones municipales con la llegada de un nuevo gobierno local. En este caso, la factura no se pagó al no aprobarse nunca el Plan Especial,y por lo tanto no hacerse efectivo sobre el terreno el trabajo sobre el terreno.
A estas supuestas irregularidades que señala el infome de calificación fiscal se suman otras «maniobras mendaces» que se atribuyen a Costa y al propietario de la empresa, como limitar la concurrencia de licitadores; acortar los plazos para la presentación de ofertas; cursar invitaciones a empresas no preparadas; o hacer concurrir a empresas vinculadas al empresario acusado-algo de lo que da cuenta un estudio aportado por la Fiscalía. Costa dijo en su declaración que su actuación estaba avalada por los técnicos y que una funcionaria «estimó que el suelo del Plan Especial estaría disponible en seis meses».
