La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana investiga una denuncia presentada el pasado 27 de junio por un ciudadano de Torrevieja que señala el incumplimiento sistemático por parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrevieja de la nueva ley valenciana de Principios de la Publicidad Institucional, aprobada en mayo pasado.
La Agencia Antifraude tiene como principal función la prevención e investigación de posibles casos de uso irregular de recursos públicos. La denuncia asegura que es algo que ocurre con la publicación periódica de información municipal semanal «Vista Alegre» -con un coste de 1,3 millones de euros por un periodo de contrato de seis años, 184.000 anuales- y se centra en especial en la información que ha estado difundiendo sobre el cierre del Teatro Municipal.
La denuncia tacha de «aberrante e irregular la actuación del Ayuntamiento» con respecto a la edición del semanario municipal de noticias, tras su adjudicación de principios de 2018 y que «ejecuta conductas opuestas a la integridad opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la ley y al derecho. Enmarcada en la propaganda negativa del oponente político, denigra explícitamente a un colectivo, pensamiento e ideología democrática».
Según la misma documentación, a la que ha tenido acceso este diario, argumenta que el semanario se había centrado hasta esa adjudicación en la «difusión de la información oficial generada por los sucesivos gobiernos municipales, en especial, a favor de los torrevejenses ausentes residentes fuera de Torrevieja, en su condición de publicación periódica, incorporando colaboraciones de opinión políticamente neutrales (sic) de vecinos de Torrevieja».
La denuncia, de carácter administrativo pero que se tramita de forma confidencial, se dirige contra la actuación del alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes), el concejal de Cultura, Domingo Pérez, y dos asesoras del Ayuntamiento.
El documento asegura que el gobierno local «absolutamente» consciente del «daño» a la imagen del municipio y el «enorme desgaste político» que está «sufriendo» por el cierre del Teatro desde septiembre de 2015 puso en marcha en Vista Alegre «utilizando medios públicos municipales» una estrategia «ilegítima con recursos públicos de ataque al PP en general tendente a la criminalización de la vida política, difundiendo noticias absolutamente falsas, con la finalidad de destruir al adversario político mediante el uso o destino irregular de recursos públicos».
Lo hizo, siempre según la denuncia, con el despliegue de dos extensos reportajes centrales «con reproducción íntegra de argumentos contra el PP» y una «antología de la desinformación», lo que supone, asegura un «destino irregular del dinero público». Informaciones que se difundieron a raíz de la celebración de un pleno extraordinario de fiscalización convocado por el gobierno local para explicar a los vecinos la situación del teatro y los antecedentes, que a su juicio, habían provocado el cierre.
«Obscena»
El escrito habla de una actitud «obscena» de «ataque al PP -en ese medio- por ser la única formación política que no votó a favor de otorgar la Alcaldía a José Manuel Dolón». También cita la utilización del correo electrónico institucional por parte de esos asesores, a los que señala como «comisarios políticos» para «señalar» a los medios comunicación «su objetivo informativo (un cargo público de la oposición del PP)» -se cita un correo del 6 de marzo de 2017.
Lo que dice la ley
La ley valenciana vigente desde mayo, y que según la denuncia se infringe en Torrevieja, desarrolla los principios que deben regir la publicidad institucional, la actividad publicitaria de las administraciones e instituciones públicas de la Comunidad, «con el fin de informar a la ciudadanía de sus responsabilidades legales, cívicas y sociales o para requerir un determinado comportamiento en función de un concreto bien jurídico a proteger».
El objetivo de esta norma, según recuerda la denuncia, es garantizar que la gestión comunicativa pública «no esté al servicio de intereses personales o partidistas». Algo que afecta también al ámbito de las administraciones locales.
Desde que la Generalitat puso en marcha esta oficina contra el fraude, con su propio cuerpo normativo a mediados de 2017, la mayoría de denuncias -ya más de una treintena- han sido impulsadas por funcionarios de ayuntamientos, que buscan el amparo de esta entidad, dirigida por un antiguo interventor. No es el caso de esta que ha recibido desde Torrevieja -ciudad en la que ya investiga tres procedimientos distintos del Ayuntamiento-.
