El Ayuntamiento de Callosa de Segura podría dejar de ingresar más de 850.000 euros. Es lo que echa en falta el gobierno callosino (PSOE, EU y Somos Callosa) del aval que la empresa Sirem, antes Colsur, debería haber presentado como garantía en el año 2005 al hacerse con la contrata del servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos Urbanos en el municipio.
El tripartito decidió romper el contrato con la mercantil y municipalizar el servicio en noviembre de 2016 tras los «graves incumplimientos de la concesionaria», propiedad del empresario oriolano Ángel Fenoll, y avalado por el Consejo Jurídico Consultivo.
El Ayuntamiento, para liquidar por resolución culpable de la empresa, ha solicitado a la entidad bancaria con la que en 2005 formalizó el aval Colsur, su ingreso en las arcas municipales, pero la sorpresa ha llegado tras comprobar que la mercantil solo presentó 43.000 de los 900.000 euros que por la cuantía del contrato (el mayor del Ayuntamiento) debería haber formalizado como aval.
El edil de Servicios, Rubén Manresa (EU) ya ha solicitado a la empresa el dinero que resta hasta los 900.000 euros que los técnicos han estimado que debería haber ingresado como garantía. «El aval se debe calcular sobre el total del contrato, que era de 20 años, y lo que hicieron es calcularlo solo por un año y ahora lo que nos dice la empresa es que debería habérsele requerido en su momento y no ahora y que ya ha prescrito», explica Manresa.
A pesar de que la ley establece que el Ayuntamiento tiene derecho a apropiarse del aval presentado por la mercantil que incumplió el contrato, la misma alega que la administración local, entonces con Javier Pérez (PP) en la Alcaldía, cometió un error en 2005 al admitir como definitiva una garantía de 43.000 euros, cuando la misma debió alcanzar los 900.000. «El Partido Popular, que se vio implicado en el caso Brugal por la contratación de las basuras, cometió un error que ahora Sirem pretende hacer valer para beneficiarse de casi un millón de euros a costa de los callosinos», critica Manresa.
En el escrito de contestación al requerimiento del pago de los más de 850.000 euros que el Ayuntamiento estima que faltan para ejecutar el aval, Sirem afirma que «obviamente, desde que se tuvo por bien requerida y constituida la garantía definitiva, ha transcurrido holgadamente el plazo prescrito de cuatro años», por lo que entiende que «la acción administrativa que se propone, consistente en requerir a Sirem la prestación de una nueva garantía está prescrita, pues pudo y debió hacerse en su caso dentro del plazo cuatrianual desde que se tuvo por bien constituida».
Daño efectivo
Una justificación que no comparten los técnicos del Ayuntamiento ni el equipo de gobierno. «Los informes técnicos proponen dar un plazo voluntario a la mercantil para que subsane el aval, optando por liquidar el importe como daño efectivo en caso contrario», explica el edil de Servicios, quien señala que el dinero de la garantía prescribe transcurridos 4 años desde que se rescinde el contrato y no desde que se formaliza. «Los técnicos dicen que es evidente que hay un daño al Ayuntamiento porque la mercantil presentó mal la documentación en su día por lo que se puede requerir el dinero como indemnización por daños», indica Rubén Manresa.
El informe técnico, incorporado al expediente de liquidación del contrato con la empresa del polémico empresario, determina a este respecto que la garantía constituida por la mercantil en 2005 no se ajusta a lo establecido en la legislación vigente «puesto que dicho importe supone el 4% sobre la primera anualidad del contrato, y no sobre el total de las anualidades», señala el ingeniero municipal, quien añade que «el plazo de ejecución del contrato era de un total de 20 anualidades y que, por lo tanto, la adjudicataria incumplió con la obligación de constituir la garantía definitiva legalmente determinada».
Amenaza
La empresa de las basuras amenaza ahora con disolverse si tiene que pagar los más de 850.000 euros que se le reclaman, asegura Manresa. «Sirem dice en el escrito de respuesta que si se le reclama esa cantidad como daño a la administración local disuelve la empresa, lo que dificultaría la reclamación del dinero», lamenta el edil. El Ayuntamiento teme que va a tener que acudir a los tribunales para reclamar el dinero. «Seguramente tendremos que ir por la vía judicial, y eso si la empresa no se disuelve antes, pero no estamos dispuestos a perder un dinero que le corresponde a Callosa por las cosas que no hizo bien el anterior gobierno», insistió. Por todo ello, Manresa pide explicaciones al PP al entender que se trata de un error grave «que podría costar mucho dinero a los callosinos».
