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Rojales

El Pader recurrirá la ordenanza del precio público de la Escuela Infantil

La formación pide la devolución a las familias de las subvenciones nominativas que Educación ha concedido en cuatro años

Desidero Aráez, portavoz del Pader.

El Partido Demócrata de Rojales (Pader) recurrirá mediante recurso contencioso-administrativo la ordenanza que regula el precio público de la Escuela Infantil Municipal en las actuales condiciones, y solicitará al Ayuntamiento la devolución de las ayudas nominativas concedidas por Conselleria de Educación a los alumnos por sus condiciones socioeconómicas. Este partido considera que el Consistorio «sin tener atribuciones para ello, reparte las ayudas a partes iguales entre todos los pequeños».

El portavoz del Pader, Desiderio Aráez, asegura que con el actual sistema «además de estar violando la legislación que regula estas ayudas, el gobierno está consiguiendo el efecto contrario al que persigue la normativa, puesto que con su forma de actuar están beneficiando a los que más tienen». Actualmente, y según la ordenanza municipal, el precio público establecido por el servicio de escolarización en la Escuela Infantil es de 90 euros mensuales por alumno. «De ese precio establecido el Ayuntamiento debería de haber descontado las subvenciones concedidas individualmente a cada uno de los alumnos», señala Aráez.

En los casos que asegura haber constatado el Pader, las subvenciones concedidas por la Conselleria oscilaban entre los 70 euros por alumno y mes hasta los 105 euros, pudiendo incluso llegar hasta los 200 euros como máximo, siempre dependiendo de las condiciones socioeconómicas de cada familia. «Al alumno que la Conselleria ha subvencionado con 105 euros mensuales, la escolarización le está costando 195 euros por mes, (105 euros de la subvención que no recibe más 90 euros del precio público), mientras que al alumno al que han concedido una subvención menor, de 70 euros, la escolarización le cuesta menos, 160 euros al mes (70 euros de la subvención que no recibe más 90 euros del precio público)». Aráez señaló que el Ayuntamiento «solo tiene atribuciones para establecer el precio de escolarización y no puede apropiarse de subvenciones».

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