El magistrado juez del Juzgado de Instrucción 1 de Orihuela ha resuelto el procesamiento del alcalde socialista de Benferri, Luis Vicente Mateo, por un supuesto caso de acoso laboral al secretario municipal. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción de la Vega Baja ha decidido separar en cinco causas una denuncia interpuesta por el mimos funcionario sobre la gestión del primer edil en el Ayuntamiento de Benferri. Ambas resoluciones están fechadas a mediados de octubre y ya han sido notificadas, según ha podido confirmar este diario. El auto de incoación de procesamiento abreviado del juzgado de Instrucción 1 de Orihuela considera que la denuncia del secretario «hacen presumir la posible existencia de una infracción penal» y que la querella relata «con precisión y de forma estructurada la situación de acoso laboral padecida». La resolución dice que el fedatario público ha aportado «documentación pública, grabaciones», además de un informe médico. El facultativo diagnostica al funcionario «un transtorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo deprimido». Los testimonios recogidos durante la instrucción de la investigación mantienen que «presenciaron algunas de las actuaciones de humillación y vejación pública hacia al funcionario», que además de secretario, es interventor y tesorero municipal.
El denunciante indica que la relación con el primer edil «fue cordial hasta 2011». En ese momento «cambió radicalmente ante la petición del secretario de la justificación» de gastos al primer edil a través de una administrativa, también investigada en este procedimiento. Además de esta funcionaria está imputado por el mismo caso de acoso un familiar del alcalde, que tiene plaza de administrativo y que ejerce las funciones de secretario accidental.
El supuesto acoso «se intensificó» desde 2013 con «actos hostiles y humillantes» hacia el secretario como «menosprecios, vejaciones por parte del alcalde en los plenos, degradando» su trabajo y competencias o «clima de hostigamiento». Desde ese momento el primer edil adopta medidas de «aislamiento» como el traslado del despacho del secretario a la planta baja. Los otros dos funcionarios, imputados por un presunto delito de usurpación de funciones, se le asignan sus competencias y la comunicación del denunciante con el resto del personal municipal se realiza a través de correos electrónicos que previamente supervisa Mateo. Siempre según la resolución jucidicial también se obstaculiza el cobro de la nómina y se le abren un total de 7 expedientes disciplinarios y otro en la inspección de Trabajo. Una vez cerrada la fase de instrucción el juzgado pide los escritos de acusaciópn del Ministerio Fiscal, el denunciante y la defensa de los investigados. En función de los argumentos de cada una de las partes el magistrado puede decidir el archivo o señalar fecha par la celebración de juicio oral.
Licencias de naves
Por otra parte, el fiscal Anticorrupción de la Vega Baja, Pablo Romero ha decidido dividir la denuncia presentada por el secretario municipal sobre distintos asuntos relacionados con la gestión municipal en cinco investigaciones distintas. El Ministerio Público indica que aunque el denunciante sea el mismo y se trata de asuntos relacionados con la gestión del primer edil, tratarlos en conjunto «supondría una excesiva complejidad» y dilataría el proceso.
La Fiscalía abre diligencias para investigar, en primer lugar, las subvenciones al Club de Fútbol y gastos del alcalde -30.000 euros desde los años 2008 a 2011-. El primer edil es docente de Educación Primaria y no cobra sueldo municipal. En esta causa ya ha pedido los expedientes que justifiquen la aportación como subvención municipal de de 22.000 euros en concepto de arbitrajes, mantenimiento de instalaciones, y deplazamiento del equipo entre 2010 y 2011.
En segundo lugar, investiga la concesión de licencias supuestamente «ilegales a la Comunidad de Regantes de las Cuevas para la construcción de una nave y la instalación de una línea eléctrica», en suelo rústico. El Ministerio Fiscal indaga, en tercer lugar, sobre el nombramiento supuestamente ilegal del cargo de tesorera y pide la documentación que avale el cargo. La cuarta causa trata de esclarecer la legalidad de la adjudicación del contrato de servicios jurídicos municipales en 2012. Por último abre una pieza separada sobre el complemento de productividad asignado a los funcionarios. Para todas las diligencias el Consistorio tiene 15 días para responder a la petición de información.
Luis Vicente Mateo, alcalde de este pequeño municipio de 2.000 vecinos desde 1999, fue absuelto de otra denuncia, en este caso interpuesta por el grupo muncipal del PP, por modificar documentación registrada en el Ayuntamiento relativa al cobro de dietas. El Fiscal Anticorrupción ha recurrido la sentencia.
