Cinco planes generales están paralizado o anulados en la comarca en estos momentos. Es el caso de San Miguel de Salinas -tumbado por una resolución judicial-;los de Almoradí, Daya Vieja, Los Montesinos -en proceso desde hace más de ocho años, con sucesivos informes en contra y «recortes» de la Generalitat- y Orihuela, que tiene redactado un documento que costó 600.000 euros desde 2014 y ni tan siquiera ha aprobado la versión preliminar.
Todas estas iniciativas han tenido problemas de superar los límites de crecimiento que impone la legislación urbanística valenciana desde 2011. Mientras que los equipos redactores liberaban suelos residenciales y comerciales junto al casco urbano de cada uno de los municipios, los técnicos de la Generalitat, en este y en anteriores mandatos lo consideraban poco sostenible desde el punto de vista urbanístico. En el caso de San Miguel la anulación del plan vino de la mano de una resolución judicial a instancias de los ecologistas y vecinos que consideraba ilegal que una normativa de esa envergadura careciese de estudio de impacto ambiental.
El Ayuntamiento de Torrevieja tenía como una de sus principales prioridades de este mandato la revisión uno de los planes generales más antiguos y con más modificaciones puntuales de España. El expediente para adjudicar la redacción se inició hace unos meses pero la tramitación está paralizada por la diferencia de criterio de los técnicos a la hora de valorar si el municipio tiene capacidad para elaborar el documento o debe adjudicar el trabajo a una empresa. Si esa situación no se resuelve ya es improbable que dé tiempo adjudicar el contrato este mandato.
