La Conselleria de Bienestar Social mantiene 94 expedientes de solicitud de ayuda a la dependencia paralizados en Orihuela. Los beneficiarios de esas ayudas no las pueden cobrar puesto que la administración autonómica no valida los datos de las personas solicitantes que ha remitido el Ayuntamiento de Orihuela. A esto se suma el resto de peticiones de 2017 de las que no ha cobrado ni un solo peticionario porque la Conselleria que dirige Mónica Oltra no ha iniciado los trámites, que finalmente ha asumido el Consistorio como así se lo ha requerido la propia Generalitat, a pesar de que es competencia autonómica la tramitación de las ayudas a la dependencia hasta 2017 -a partir de este año son los Ayuntamientos quienes realizan los trámites en base a una orden de la Dirección General de Bienestar Social-.
El Ayuntamiento de Orihuela asumió el pasado 8 de octubre la tramitación de las 204 solicitudes de oriolanos que pidieron el pasado año las ayudas a la dependencia. Lo hizo tras la petición de la propia Conselleria de Bienestar Social «incapaz de resolver esas peticiones que se hicieron en 2017», como denunció ayer el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana. La Concejalía de Bienestar Social inició rápidamente los trámites para que todos ellos pudieran recibir el dinero de la ayuda -que paga la Generalitat-. Sin embargo, unos 60 se han quedado sin validar por parte de la Conselleria a lo que se suma otra treintena de 2018 de las 300 solicitudes que el Ayuntamiento ya estaba tramitando de este año.
La Concejalía de Bienestar Social hace los registros de los datos de las personas que solicitan esas ayudas y es la Conselleria quien tiene que validarlos para que la administración local pueda hacer la valoración del grado de dependencia de los solicitantes (son 3 grados). Superado ese trámite, la Conselleria debe emitir la primera resolución, que envía al Ayuntamiento, antes de realizar la segunda que es la que concede el importe económico que le corresponde al beneficiario. Sin embargo, la Conselleria no ha realizado ni el primer paso en casi un centenar de solicitudes de 2017 y 2018 a pesar de los requerimientos del consistorio oriolano.
«Abandonados»
El regidor se mostró muy molesto porque «la Conselleria de Bienestar Social los está ignorando, los deja abandonados y eso que decía que venía a rescatar personas». El Ayuntamiento asume así «más competencias que no nos corresponden, pero lo hacemos para evitar que los oriolanos se queden sin recibir esta ayuda porque nuestro compromiso social está por encima de todo», señaló el alcalde de Orihuela.
La edil de Bienestar Social, Sabina Galindo, avanzó que el hecho de que la Conselleria haya traspasado al Ayuntamiento los más de 200 expedientes de peticiones de ayudas de 2017 supondrá un coste a las arcas municipales de 10.000 euros en horas extra del personal municipal para poder hacer los trámites. «Un dinero que no nos va a compensar la Conselleria», lamentó. Y criticó «la mala fe», dijo, de la Conselleria de Bienestar Social «porque indica a los solicitantes que acudan al ayuntamiento para que les expliquemos por qué no reciben sus ayudas, cuando es la administración autonómica la que las tiene paralizadas».
