Una denuncia anónima ha desencadenado una operación de registro en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en Murcia, a la que acudieron ayer una docena de agentes de la policía judicial de la Policía Nacional, que reclamaron documentación de obras menores correspondientes a los cuatro últimos años, siendo presidente Miguel Ángel Ródenas. Los agentes estuvieron acompañados por el secretario judicial.
El titular del juzgado de Instrucción número 7 de Murcia, José Fernández Ayuso, ha puesto en marcha la investigación a instancias de la Policía Nacional, «en el marco de un procedimiento sobre posible actividad irregular en el ejercicio de la función pública», informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
El juez ha declarado secreto de sumario de las actuaciones.
Los agentes acudieron a primera hora de la mañana a la sede del organismo de cuenca, y la abandonaron al filo de las 13.30 horas, portando mochilas y carteras con la documentación requerida de los expedientes de contratación gestionados a través de la Secretaría General de la Confederación Hidrográfica del Segura, entonces dirigida por José María Bernabé.
Al parecer, se está investigando a un funcionario que habría amañado los contratos, fraccionando y 'trucando' las obras de manera irregular.
La era electrónica ha cambiado la habitual foto de la salida de los agentes cargados con cajas repletas de papeles por mochilas apenas 'engordadas' con los documentos digitalizados.
El actual presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, que no cesó su actividad habitual y que acudió a una reunión prevista en Elche, manifestó, a través de un comunicado, que «la CHS se ha puesto a disposición del secretario judicial y de la Policía Judicial y está preparando la documentación que se nos solicita para que se incorpore al procedimiento» abierto.
Correspondió a la actual secretaria general, Mónica Gonzalo Martínez, atender a los requerimientos de la policía judicial, pertenecientes al grupo que persigue la delincuencia económica y blanqueo de capitales.
Fuentes consultadas por esta Redacción indicaron que pese a tratarse de una denuncia anónima, ésta debe tener fundamentos sólidos para que la Policía Nacional y el juez hayan ordenado una investigación.
La llegada de los agentes no interrumpió la actividad normal de la Confederación, si bien fue la 'comidilla' de los trabajadores, que comentaban lo que estaba ocurriendo, si bien manifestaban no conocer detalles específicos de la investigación.
«No nos han dicho nada», decían al entrar o salir de la sede del organismo de cuenca.
Otros se esperaban a que los medios allí congregados dejaran de tomar imágenes para entrar y continuar con su trabajo tras la pausa para el almuerzo.
Una de la personas que salió al filo de las once fue el anterior presidente de la CHS, Miguel Ángel Ródenas, que sigue trabajando en la sede del organismo de cuenca, de la que es funcionario.
En el punto de mira
En un principio se pensó que el registro podría tener que ver con el caso Mar Menor, que investiga el juzgado número 2 de Murcia por la degradación de este ecosistema marino, y en la que ya están imputados expresidentes y altos cargos de la Administración socialista y a funcionarios de la Confederación de la época anterior a Ródenas.
En su momento sorprendió que el fiscal no incluyera en su denuncia al equipo que sustituyó a los dirigentes investigados y durante cuya gestión se produjo el episodio de 'sopa verde' que dio origen a la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, en el verano de 2016.
También se especulaba con la posibilidad de que la investigación se debiese a obras de la segunda fase de la canalización del agua de la desaladora de Águilas, así como otra actuación para completar el proyecto.
Ambas están en el punto de mira de la denuncia por irregularidades en obras públicas de la sociedad estatal Acuamed. Esta sociedad es propietaria de las plantas desaladoras de Águilas, Valdelentisco (Mazarrón) y Torrevieja.
