La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la Generalitat Valenciana y los juzgados de aguas y comunidades de regantes tradicionales de la Vega Baja han recuperado una «relación institucional rota» desde que la CHS comenzó hace un par de años a hacer responsables directos de la contaminación por sólidos flotantes del río Segura -sobre todo envases de plástico- a los agricultores. Lo hizo con la instrucción de numerosos expedientes sancionadores donde se reclamaba, además de una multa, la puesta en marcha, a costa de los agricultores tradicionales, de dispositivos de retención de esos envases y su limpieza.
El restablecimiento de esa relación fue anunciado ayer por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Francisco Javier Quesada, que se reunió con el nuevo presidente de la CHS, Mario Urrea. De este «reencuentro» institucional, propiciado por la coincidencia de formación política en el mandato de ambas administraciones, se derivará en un plazo de no más de cuatro meses el inicio de una campaña de concienciación ciudadana para frenar los vertidos al río y la realización por parte de expertos de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de un estudio pormenorizado para conocer el origen de los residuos sólidos flotantes.
Con ese análisis científico -que sufraga la Generalitat a través de un contrato menor- se derivará otro para «implementar las medidas técnicas a adoptar» en el cauce para evitar la contaminación. Mientras que la CHS achaca la contaminación por residuos a los regantes por lo que se vierte en las azarbes y acequias antes de desaguar en el río -y que atraviesan núcleos habitados-; los regantes recuerdan que captan el agua del propio río desde aguas abajo de la ciudad de Murcia y que es desde esas tomas de agua -arrobas- por las que el caudal ya arrastra la mayor parte de esos residuos. «Hemos conseguido entre los dos -Consell y CHS- un compromiso institucional de intentar arreglar de forma realista y a corto plazo el problema de la vertiente ambiental del río Segura, que no solo afecta al tema de los flotantes, también implica la realización de campañas de concienciación para la ciudadanía», dijo Quesada ayer.
La CHS se ha puesto en contacto con algunos ayuntamientos de la cuenca del Segura que «están dispuestos a colaborar en la solución de este conflicto», indicó la misma fuente, quien anunció que la CHS también quiere colaborar en el convenio previsto para la ejecución de la restauración integral ambiental de la ribera y acuíferos del río Vinalopó. Quesada no quiso confirmar si la CHS ha paralizado la aplicación de esos expedientes de sanción. Algo que se ha trasladado a los regantes sin que exista una comunicación de la CHS en ese sentido y que afectaría a expedientes administrativos reglados que solo podrían archivarse por caducidad.
Cambio de actitud
El Ayuntamiento de Rojales aseguró hace unos días que el presidente de la CHS, Mario Urrea, se comprometió con responsables de ayuntamientos de la ribera del Segura y cargos de los juzgados de Aguas a llevar a cabo una limpieza y mantenimiento de urgencia de la ribera en su tramo de la Vega Baja cuantificado en 300.000 euros, aunque fuentes de la CHS especificaron que ese presupuesto de urgencia es para toda la cuenca. También licitará un contrato mayor valorado en 6 millones para abordar el mantenimiento periódico como hacía hasta hace cuatro años. Ecologistas, ayuntamientos y regantes reclaman desde 2015, momento en que la CHS no revalidó el contrato de mantenimiento por falta de presupuesto, que se recuperara esa prestación. Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha valorado positivamente este «cambio de actitud» en el que la CHS se hace responsable de la limpieza de los flotantes. AHSA recuerda que denunció ante la Unión Europea el hecho de que la Confederación abandonara esta competencia en el río y en azarbes y acequias, que también son dominio público.
