La propuesta de iniciativa privada para la construcción y explotación de una planta de tratamiento de residuos en San Miguel de Salinas presentada por OHL Servicios Ingesan ha sido rechazada porque carece de evaluación de impacto ambiental y por las dudas sobre algunas características técnicas de la propuesta.
El director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer, anticipó a los miembros del Consorcio de gestión de los residuos de la Vega Baja en su última reunión del 18 de octubre que el informe era desfavorable. En ese momento se dio la polémica iniciativa, planteada sin consenso en San Miguel, por liquidada, pero tiene alguna opción de seguir adelante. La copia de la resolución no fue aportada en ese momento a los alcaldes de la Vega Baja que forman parte de la entidad. El Ayuntamiento de San Miguel la ha obtenido ahora. La negativa tiene matices importantes: los técnicos indican a la empresa que las deficiencias son «subsanables».
El informe señala que el estudio de viabilidad de OHL no incluye el estudio de impacto ambiental y su posterior evaluación de impacto, que la legislación reclama para las plantas de valorización como la propuesta. También cuestiona el «riesgo tecnológico» derivado del sistema propuesto para la fabricación de combustible sólido recuperado (CSR).
Uno de los subproductos obtenidos del tratamiento de residuos, que se vende a las grandes cementeras y que el plan de viabilidad aparece como una fuente de ingresos fija de más de 600.000 euros anuales. Los técnicos de la Generalitat indican que se requieren dos años de experiencia probada de la tecnología a nivel industrial, algo que la mercantil no acredita.
La empresa presentó la propuesta el 31 de mayo y como quedó fuera de plazo para ser estudiada por la comisión técnica del Consorcio y volvió a reiterarla el pasado 5 de septiembre. El proyecto de la multinacional -que generó una reacción en contra inmediata por parte de vecinos y Ayuntamiento de San Miguel- y el análisis de los técnicos siguen obviando el hecho de casi un tercio de los 29.000 metros cuadrados de suelo rústico agrícola donde OHL propone la instalación y para los que tiene opción de compra están ubicados en término municipal de Torrevieja -en torno a siete mil metros cuadrados-.
La empresa pidió un certificado de compatibilidad urbanística en el Ayuntamiento de San Miguel, que obtuvo legalmente para presentar la iniciativa, pero no lo hizo en el caso de Torrevieja. La zona torrevejense de la finca es donde el proyecto ubica el acceso de camiones y la báscula.
El informe tampoco cita la necesidad de que una instalación de esta entidad, además de la evaluación de impacto ambiental favorable cuente con una declaración de interés comunitario, dada la condición de suelo rústico no urbanizable de los terrenos, que están ubicados a escasos cientos de metros de la orilla de la laguna de Torrevieja, y linda -los separa una carretera- con los terrenos del parque natural.
¿Y en Dolores no?
Fuentes de la dirección del Consorcio indicaron «desconocer» cuánto tiempo podría tardar OHL en presentar un estudio de impacto ambiental, en caso de que no tire la toalla y se decida a presentar de nuevo el estudio de viabilidad y a subsanar las deficiencias. Las mismas fuentes aseguraron que la planta de transferencia de basuras prevista en Dolores -que no incluye el tratamiento de residuos-, que construirá y gestionará la empresa pública Vaersa, no requiere de estudio de impacto ambiental favorable porque, a su juicio, los terrenos están ubicados en un suelo industrial consolidado que -supuestamente- ya superó ese requisito. La planta estaba (o está) concebida para tratar hasta 210.000 toneladas de basuras anuales del frente litoral y segunda línea de la comarca.
