La alcaldesa de Bigastro, Teresa Belmonte (PP) aseguró ayer que el Ayuntamiento ha negociado hasta ahora todas las deudas reconocidas por sentencia del TSJCV a través de acuerdos extrajudiciales en los que los reclamantes han aceptado quitas en un porcentaje que varía del 25 al 45% del total reconocido. La primera edil popular hizo estas declaraciones preguntada por la información que ofreció ayer este diario sobre una sentencia firme que obliga al municipio a devolver a una empresa urbanizadora 1.030.000 euros por la compra de un suelo urbanizable en 2006, en el llamado sector D-12, que el municipio renunció a tramitar en 2012 al contar con un informe ambiental desfavorable.

La edil aseguró que el municipio renunció a recurrir en casación la sentencia del TSJCV porque tenía el compromiso de los reclamantes de aceptar ese acuerdo extrajudicial con una quita que se contemplaría en los fondos de ordenación. En septiembre pasado se agotaba el plazo para incorporar este pago a estos fondos, que son los que el Estado pone a disposición de los municipios más endeudados del país para intentar superar esa situación -en el caso de Bigastro con una deuda con los bancos de más de diez millones de euros y contenciosos con deudas reconocidas por otros diez millones-.

En ese momento la empresa, siempre según la alcaldesa, sí estaba dispuesta a negociar un acuerdo extrajudicial como ya había hecho en otra ocasión con otra deuda que mantenía con el municipio. «Ahora nos dicen que quieren cobrar el total y unos intereses de demora de 300.000 euros que no tienen reconocidos judicialmente». Belmonte aclaró que los presupuestos vigentes no incorporan la obligación de pago de esa cantidad porque la sentencia no ha sido acatada en junta de gobierno, pese a que se notificó al municipio a principios de junio, tal y como aparece en la documentación judicial. Legalmente el municipio no asume la resolución judicial hasta que las sentencias no pasan por el órgano colegiado. La alcaldesa volvió a recordar que todo la sentencia se deriva de la gestión de mandatos municipales anteriores al gobierno del PP.