La oposición en bloque del Ayuntamiento de Dolores, formada por el Partido Popular, Renovación y Ciudadanos, presentó ayer por registro de entrada la solicitud al alcalde socialista Joaquín Hernández, que gobierna con mayoría absoluta, para la convocatoria de un pleno extraordinario el 30 de octubre para tratar «en profundidad la intención del primer edil de implantar una planta de transferencia de basuras en el municipio».

Los tres partidos políticos «pretenden que el alcalde y, además, vicepresidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, rinda cuentas y explique ante el pleno municipal sus intenciones sobre la planta de transferencia de basura» y las consecuencias que tendría para el pueblo de Dolores. Esta solicitud, realizada por la vía de urgencia, se produce a raíz de la sesión celebrada el pasado 18 de octubre por el Consorcio de residuos de la Vega Baja en donde se aprobó el inicio de expediente del proyecto de gestión, construcción y explotación de la planta de transferencia de Dolores.La oposición denuncia públicamente que éste «es un gesto más de que el alcalde socialista de Dolores ha estado mintiendo a los vecinos de la localidad desde el minuto cero que inició este proyecto». Sin además contar, en opinión de la oposición, «en ningún momento con el resto de partidos de la corporación municipal, que representan a la mitad de la población».

Una vez esté levantada sobre un solar municipal en el polígono industrial planta de transferencia de basuras recibirá los residuos de 27 municipios de la comarca todos los días. El objetivo de la instalación es que las flotas de camiones puedan evacuar la basura en este punto y volver a los municipios.

Actualmente esos camiones deben recorrer docenas de kilómetros hasta el punto de vertido y eliminación definitivo en los vertederos autorizados de Xixona, Fontacalent (Alicante ciudad), Elche y el de la Cañada Hermosa en Murcia. En algunos de los casos, en especial para los municipios que mantienen un acuerdo con el vertedero de Piedra Negra de Xixona, los vehículos recorren hasta 200 kilómetros y tardan tres horas y media en realizar el recorrido de ida y vuelta. Algo que supone un sobrecoste muy importante en el precio del servicio para los municipios. No solo en kilómetros, también en mantenimiento y desgaste de los camiones y en el hecho de que mientras están realizando ese transporte no pueden continuar con sus rutas de recogida. Hasta hace unos años «este problema» en la Vega -daba igual el singo político del municipio- se solucionaba en el vertedero ilegal de Proambiente de Abanilla-La Murada (Orihuela) o en la planta de transferencia de Crevillent. Ambos cerrados por resolución judicial. La planta de transferencia está concebida como una «solución transitoria» por el Consorcio, controlado por el PSOE, a través de su mayoría de alcaldes y el porcentaje de voto del Consell en ese organismo. Es decir, no sería definitiva o al menos no recogería más adelante todas las basuras de la comarca.

Lixiviados

Según la información genérica que ha trascendido del proyecto y que figura en al propuesta de acuerdo de declaración de Vaersa como medio propio del Consorcio el coste anual de explotación, a sufragar por todos los municipios, sería de 1,8 millones de euros. «La planta estará compuesta por una nave de transferencia cerrada, un biofiltro, un depósito de lixiviados (residuos líquidos contaminantes procedentes de la descomposición de basura y del que no se indica su capacidad), un edificio con una báscula y la zona de tránsito de camiones».

El solar que aporta el municipio es de 6.600 metros cuadrados. La inversión inicial en el proyecto, según aseguró el presidente del Consorcio, diputado provincial y alcalde de Rafal, Manuel Pineda será de 800.000 euros. La planta funciona de forma que los camiones acceden con la basura, y esos residuos que podrían superar las 250.000 toneladas anuales, se trasladan a camiones mayores en la misma instalación con una valorización básica previa para que sean eliminados o reciclados. El municipio recibiría un canon, que la oposición asegura que el primer edil cifra en un euro por tonelada. El Consorcio y el Consell han desarrollado una campaña de información previa entre los vecinos sobre la planta.