El juzgado de Lo Contencioso de Elche ha requerido al Ayuntamiento un auto que haga cumplir la sentencia de 2007 por la que condenó a la administración local al pago de la productividad a toda la plantilla de funcionarios. Como avanzó este diario, el sindicato Comisiones Obreras interpuso un incidente de ejecución de sentencia en el que advertía que el reparo suspensivo de la interventora municipal a la productividad impedía que se ejecutara una sentencia firme. Ese fallo anuló un acuerdo plenario que disponía algunos criterios para el pago de la productividad. Para el sindicato lo resolución, que no es recurrible y que «obliga» a la administración a la hora de su cumplimiento, liquida el conflicto laboral frente la «tozudez (sic)» de la interventora.
El sindicato explica que desde hace unos meses, tanto los funcionarios como el personal laboral del Ayuntamiento «han sufrido una minoración puntual en sus nóminas a causa de los reparos suspensivos en el cobro de la productividad».
La misma fuente asegura que frente al criterio de los técnicos del departamento de Personal, el de la secretaria del pleno, de las sentencias firmes del Juzgado Contencioso Administrativo de Elche y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad y «el propio razonamiento» de la Intervención General de la Generalitat en septiembre; la interventora del Ayuntamiento «volvió a reparar la productividad (de agosto) y a los trabajadores de la entidad local se les adeuda una mensualidad en este concepto».
La sentencia que dio la razón al sindicato CCOO en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Elche en 2007, y las dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad recogen que el complemento de productividad en Torrevieja «ha quedado desnaturalizado en su esencia, derivando en una retribución fija y periódica». «Contra todos -en opinión del sindicato- la tozudez de la interventora» ha reparado suspensivamente la productividad de los trabajadores del Ayuntamiento, «atendiendo a la remisión de la normativa genérica que reguló el complemento de productividad, allá por el año 1986, sin atender los pronunciamientos judiciales, ni la especificidad de esa retribución en el ayuntamiento salinero», según la misma fuente.
«Tozudez»
Esta «cerrazón», dice el sindicato, obligó al sindicato CCOO, a interponer incidente de ejecución sobre la sentencia firme 150/07 del juzgado Contencioso Administrativo Número 1 de Elche, elaborado por el letrado David Gandía. El sindicato ha recibido el respaldo del juzgado, que en un auto fechado el 15 de octubre acuerda que «se proceda por el Ayuntamiento a dar cumplimiento a dicha sentencia en firme en sus justos y estrictos términos».
Algo que implica, asegura el sindicato, «que se pague la productividad a todos los trabajadores del Ayuntamiento, porque las sentencias, «como cualquier leguleyo debería saber, están para ser cumplidas». Desde CCOO quiso ayer «dar su más firme y sincero apoyo a todos los trabajadores que han sufrido este dislate» y exige al Ayuntamiento, que incoe las medidas disciplinarias «pertinentes» para depurar la presunta responsabilidad de la interventora municipal. «Nunca una opinión personal puede tratar de prevalecer sobre sentencia firme, menos todavía cuando centenares de familias se han visto perjudicadas en sus medios de subsistencia», insisten las mismas fuentes. El alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) tiene competencias para adoptar medidas disciplinarias leves.
La sentencia llega además justo cuando la intervención general de la Generalitat tiene previsto resolver, otra vez, entre el reparo suspensivo de la interventora y el informe por la productividad del mes de agosto. Todos los indicios apuntan a que, de nuevo, lo hará en el sentido d de aceptar el criterio del alcalde y los técnicos de Secretaría y Personal para que se abone, aunque con la advertencia de que esos abonos -entre 150 y 350 euros mensuales, según el puesto que desempeñe el funcionario- deben ser regulados y supervisados. El auto de la juez Carmen Casado Guijarro, si es acatado por la fiscalizadora de las cuentas municipales, evitaría que se tuviera que abrir un expediente mes a mes dirigido a la intervención general para validar el pago.
