El movimiento social para reivindicar un río Segura limpio, vivo y con caudal ha resurgido con fuerza en los últimos meses a través de la Plataforma Segura Transparente. Ahora, y como novedad en la larga historia de reivindicación por la conservación ambiental del río y la huerta tradicional, con la incorporación de colectivos de la Vega Alta y Media de la cuenca en Murcia y Albacete, además de la Vega Baja. También con la colaboración de muchos municipios de Murcia que han respaldado en sus plenos -como es el caso de Murcia ciudad o Molina de Segura- una moción en la que se pide un compromiso a la administración por la recuperación ambiental de la ribera. La primera movilización de esta plataforma está prevista para los días 20 y 21 de octubre. «El Segura se acerca al problema ambiental que padece el Mar Menor. Estamos a un paso corto, corto, y como no queremos eso tenemos que movilizarnos, implicar a los ayuntamientos y a los juzgados de Aguas», según explica su portavoz José Manuel López Grima, un histórico de los movimientos en defensa del río.
Los dos principales problemas del Segura son la falta de caudal, lo que no solo afecta a su estado ambiental,también al riego tradicional, y la contaminación por acumulación de productos fertilizantes y yesos de las aguas de drenaje de la agricultura intensiva de explotaciones del ámbito del regadío del Tajo-Segura y que usan «el río como si fuera su colector de drenaje».
Esta plataforma reclamó sin recibir respuesta, al Gobierno central, ya en 2017 cumplir con la obligación de restaurar el estado ecológico del río permitiendo la circulación de su curso entre el Azud de Ojós (desde donde parte toda la infraestructura del postrasvase Tajo-Segura) y su desembocadura en Guardamar del Segura. Para la misma fuente el mantenimiento de un estado ecológico con calidad de agua acorde a la directiva marco del Agua «requiere un mayor control de la contaminación, con análisis completos de las aguas que se hagan públicos y una investigación sobre la influencia en la salud pública, sobre todo en el tramo medio y bajo».
La Plataforma denuncia que mientras la falta de agua está «asfixiando a la mayor parte de los agricultores de las vegas tradicionales y gran número de los regantes del Trasvase Tajo-Segura, dentro de los perímetros de riego autorizados desde hace décadas», en la cuenca se ha instalado una práctica de «ley de la selva», en la que las grandes explotaciones industriales están poniendo en marcha nuevas fincas que se transforman en regadío y que «compiten», a juicio de la Plataforma, de «forma desleal» por los recursos subterráneos y superficiales «ante la pasividad de las autoridades».
La actuación de la Confederación Hidrográfica (CHS) «es laxa y permisiva con estas grandes empresas, mientras se emplea con dureza contra agricultores medianos y pequeños y niega soluciones vitales para comarcas enteras».
Algunos regantes del Trasvase «hablan desde el punto de vista de la agricultura de la Vega Baja como un todo y no es verdad», aclara López Grima. «Parece que la única forma de que haya agua para unos (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura) es a costa de no la haya para otros», subrayó López Grima. El colectivo ha reiterado desde 2017 la solicitud de sentarse con el SCRATS y la CHS en una misma mesa para plantear estos problemas «pero esas reuniones no se dan a ningún nivel», indican las mismas fuentes. La «esencia de esta movilización es el río Segura, su acuífero y sus fuentes», recuerda López Grima. «No querían el agua de la desalinizadora y bloquearon el paso de las obras en Torrevieja y ahora sí la quieren. También toda el agua de las estaciones depuradoras, una conducción para que el agua desalinizada llegue a Riegos de Levante, todo...». Una situación, advierten, que puede hacer colapsar a amplias zonas de regadío social, donde explotaciones familiares están abandonando la actividad agrícola.
Sin estudios
Para el colectivo resulta «sorprendente que no existan datos, informes o estudios oficiales sobre la transformación de secano a regadío en la Cuenca del Segura. Entre las demandas que los últimos meses han dirigido a la administración autonómica y al Ministerio de Agricultura la Plataforma ha reclamado la realización de una auditoría sobre las nuevas superficies de riego «surgidas de forma irregular desde 1986, así como de las demandas generadas, la consiguiente procedencia de los recursos empleados, los destinos finales y los impactos ambientales provocados».
