El Consorcio Comarcal para la gestión de los residuos de la Vega Baja quiere validar el 18 de octubre la construcción de la planta de transferencia de basuras de Dolores. Una solución «transitoria» a la actual carencia total de infraestructuras de tratamiento residuos en la Vega Baja. El objetivo es que todas las basuras de la comarca sean recibidas en este municipio para su traslado posterior a un vertedero, lo que, sobre todo, permitiría una primera selección de los residuos para su reciclado posterior, y a medio plazo, reduciría costes de transporte: ahora las flotas de recogida de cada uno de los 27 municipios deben trasladar directamente la basura a los vertederos de Elche, Alicante, Xixona o Murcia -a veces con recorridos de más de tres horas de ida y vuelta-. Sería una solución temporal mientras el Bajo Segura no disponga de plantas de tratamiento y un vertedero de eliminación en su propio territorio: es una de las dos únicas comarcas de la Comunidad que todavía carece de esas instalaciones.
Si sale adelante -el PSOE tiene garantizada la mayoría- será la primera infraestructura de entidad que se construye en la comarca ligada a la gestión de residuos. La planta estará formada por una nave de transferencia, un biofiltro, un depósito de lixiviados -del que no se indica la capacidad total-, un edificio con una báscula y la zona de tránsito de camiones. Todo en un solar municipal en el polígono industrial de Dolores. La fórmula para llevar a cabo el procedimiento es a través de una encomienda de gestión directa a Vaersa, una empresa pública de la Generalitat.
Sin embargo, los informes que aparecen en el expediente al que han tenido acceso los 27 municipios que forma parte del Consorcio señalan dudas relevantes de que se den todos los requisitos legales y administrativos para que Vaersa pueda hacerse cargo de la construcción y posterior explotación. En especial los emitidos por la interventora de la Diputación, que es la que realiza la fiscalización económica del proyecto.
En el expediente aparece el visto bueno de la abogacía de la Generalitat a que Vaersa se constituya como «medio propio» de la administración para gestionar residuos -aunque con un documento realizado hace un par de años para el caso de un vertedero de Villena-; otro informe de luz verde rubricado por el director general de Calidad Ambiental, Joan Piquer; y una aportación más del secretario del Consorcio, también en el mismo sentido positivo y resolviendo un primer informe de reparo de la intervención de 2016. La interventora insiste ahora en un nuevo informe en que la legislación permite servirse de una empresa pública para este objetivo si acredita disponer de medios suficientes para abordar esa gestión, y sea «una opción más eficiente, sostenible y eficaz» aplicando criterios de rentabilidad económica que la adjudicación por concurso a una empresa.
Y no es el caso, asegura, en cuento a los elevados porcentajes de subcontratación que señala la memoria valorada realizada por Faura-Casas Consultors; como por los costes de transporte desde la «solución transitoria» de la planta a las instalaciones de tratamiento y vertido. Según este informe, fechado el pasado 12 de septiembre, el estudio de Vaersa considera un precio medio de coste por tonelada sin tener en cuenta la distancia entre la planta de transferencia y los vertederos definitivos. La funcionaria solo considera la posibilidad de que esta propuesta fuera más eficiente que la adjudicación a una empresa si a su vez licita el servicio de transporte «como ha hecho en otras plantas de transferencia que gestiona». Pero con esa opción el porcentaje de subcontratación superaría el 70% de los costes.
Concurso
¿Por qué el Consorcio no ha confiado en un procedimiento de licitación por concurso para este objetivo de la planta de transferencia y otras infraestructuras como plantas de tratamiento o vertederos? La empresa Cespa-Ortiz sigue peleando en los juzgados su derecho a desarrollar el plan de gestión que se adjudicó en 2008 y rescindido en el anterior mandato del consorcio bajo mandato del PP- la adjudicación está bajo investigación de un supuesto amaño (Caso Brugal)-. La firma no para de advertir al Consorcio que no puede actuar sin una resolución judicial en firme.
En su informe, Joan Piquer señala que la opción de la gestión directa, en este caso, otorga mayor seguridad jurídica. Mientras el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) no resuelva el recurso de esta empresa, el consorcio no puede plantearse un plan de gestión global para toda la Vega y ha optado por soluciones parciales, o más polémicas, como las iniciativas privadas con proyectos de viabilidad previos a una licitación. También señala Piquer que el consorcio se ve obligado a avanzar en las soluciones concretas porque el bloqueo actual pone en peligro la recepción de fondos europeos.
