El diputado nacional y secretario local del PP, Joaquín Albaladejo, dijo ayer a preguntas de INFORMACIÓN que ejerció su derecho legítimo a solicitar la compatibilidad y que fue en una sesión del pleno donde el punto se sometió a votación y se decidió aprobar la petición. «Legítimamente también, dos grupos de la oposición recurrieron pero el acto plenario, no me llevaron al juzgado por la vía penal».
La misma fuente lamentó la confusión de términos jurídicos con la que, a su juicio, se ha ido trasladando en los últimos meses este procedimiento judicial en los medios de comunicación -algunos de ellos de ámbito estatal-. «Es un fallo que anula un acuerdo administrativo del Ayuntamiento de Torrevieja, no una condena penal al diputado», subrayó Albaladejo. Pero el cargo popular incidió, sobre todo, en que ni esta resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad , ni la emitida en 2014 por el Juzgado de lo Contencioso estiman en ningún caso la reclamación de los demandantes- en su día Izquierda Unida y Los Verdes, con el actual alcalde al frente- de que devolviera el dinero que cobró durante esos cuatro años de su primer mandato como concejal popular.
Según interpreta Albaladejo si en primera instancia el juzgado no estimó esa reclamación de reintegro del dinero «está desestimada» y además, después, en el recurso presentado por el Ayuntamiento ante el TSJCV los demandantes no volvieron a incorporar esa reclamación de reintegro ante el órgano judicial superior.La sentencia solo cita los nombres de los ediles demandantes de Izquierda Unida, que no comparecieron, y sin nombrar a Los Verdes. Albaladejo también fue muy cuestionado cuando ejerció de diputado provincial de Turismo, mientras su familia mantenía las actividades ligadas al sector inmobiliario.
