El juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha tomado declaración como investigada a Ana Belén Juárez, teniente alcalde de Los Montesinos y secretaria provincial de Igualdad del PSPV-PSOE, por un supuesto delito de acoso laboral a un técnico del Ayuntamiento. La edil fue denunciada en 2012 por el funcionario jefe de Urbanismo. Desde entonces los juzgados la han citado a declarar en siete ocasiones. Las ha eludido todas a excepción de la última, el pasado miércoles, en la que finalmente compareció ante la magistrada juez Juana López Hoyos.
En la denuncia, según ha podido confirmar este diario, se señalan supuestos «actos de hostigamiento» por parte de la edil, que «ha participado activamente en la incoación arbitraria de expedientes administrativos» contra el funcionario «suspendidos» por el juzgado de Instrucción 2 y la Audiencia Provincial.
También se dice que la regidora habría «desacreditado al denunciante en medios de comunicación, redes sociales e, incluso, ante órganos de gobierno del propio Ayuntamiento, y participado (supuestamente) en toda suerte de actos vejatorios y humillantes que van desde la denegación de documentación fundamental para el desarrollo de sus funciones, hasta el acceso irregular a la documentación médica» del funcionario, según figura en la documentación del procedimiento. La primera citación para llamar a declarar a Juárez como imputada se produjo el 5 de marzo de 2013, y las siguientes, ya desde el Instrucción 2 el 20 de septiembre de 2017; el 11 de octubre de 2017; el 15 de noviembre del mismo año; el 9 de mayo de 2018; el 5 de junio de 2018. Juárez, teniente alcalde y edil de Deportes, Medio Ambiente, Turismo, Igualdad, Empleo y Desarrollo Económico no respondió a las preguntas del abogado del denunciante en el juzgado. Explicó, en el interrogatorio de su abogado, que pese a la existencia de esa citación de 2013 «tuvo conocimiento de que el funcionario la había denunciado en septiembre de 2017, con la citación del juzgado» y no antes. También confirmó que fue instructora durante algún tiempo de expedientes disciplinarios al funcionario -algo poco habitual en los ayuntamientos donde se suele designar a funcionarios de rango y no a políticos para esta función-.
Pero «que ninguno», dijo, se impulsó a iniciativa suya «exclusivamente» y con los informes «jurídicos correspondientes». Juárez, edil desde hace varios mandatos en este municipio de 5.000 vecinos, declaró que el técnico ha denunciado al secretario e instructor de un expediente disciplinario funcionarios de la Diputación, a todos los secretarios municipales en los últimos seis años, incluidos los accidentales. Aseguró que «le consta» que el técnico ha denunciado al anterior y actual abogado del Ayuntamiento, vecinos, redactores del PGOU y «en términos generales a cualquier persona que no le dé la razón». A preguntas de la jueza, la investigada dijo que había sido designada por el alcalde como instructora de un expediente disciplinario, aunque finalmente fueron seleccionados como secretario e instructor dos funcionarios ajenos al Ayuntamiento, de la Diputación. La concejala añadió que el funcionario ha «tenido (con ella) comportamientos desconsiderados, desafiantes e intimidatorios» y negó que fueran suyas unas declaraciones en las que decía que las denuncias del jefe de Urbanismo al alcalde «fueran una estrategia para dañar su imagen». Desde la defensa de la investigada se añadió que «es una persona que todo lo ve desde la perspectiva del conflicto» y ha denunciado «a 25 personas de forma indiscriminada y múltiple».
Todos esos expedientes disciplinarios fueron suspendidos porque los juzgados mantienen causas abiertas de investigación desde 2012 al alcalde José Manuel Butrón (PSOE) por un supuesto acoso laboral y por irregularidades urbanísticas en su gestión. Tras más 7 años de instrucción la causas siguen sin cerrarse. La línea roja del PSOE a lo hora de apartar a sus cargos que están siendo investigados judicialmente se produce en el caso de que se señale juicio oral.
La Oficina Anticorrupción de la Generalitat ha otorgado la condición de denunciante a este funcionario , algo que le protege desde el punto de vista jurídico al ser el responsable de haber trasladado supuestas prácticas irregulares en la administración. Tanto el alcalde como varios funcionarios han visto archivadas denuncias contra este técnico.
