La junta de personal del Ayuntamiento reaccionó ayer con indignación a las palabras de José Manuel Dolón (Los Verdes) en las que valoraba el informe de la Interventora que explicaba los pasos para regularizar el cobro de la productividad. Dolón dijo que los sindicatos nunca han querido negociar los criterios de productividad y sugirió que la junta de personal, defendiendo algunas posiciones, también defiende «a los funcionarios que se escaquean».
Lejos de rebajar la tensión las explicaciones del primer edil fueron calificadas como «escandalosas» por los representantes de los funcionarios y provocaron ayer que la concentración de la plantilla a las puertas del Consistorio para exigir el cobro del complemento de productividad ganara efectivos y estuviera marcada por acusaciones directas a la responsabilidad del primer edil. Esta dinámica de conflicto creciente en la que entrado el día a día en el Ayuntamiento no se había visto hasta la fecha durante este mandato.
Los representantes de los trabajadores aseguraron ayer que van exigir responsabilidades penales «porque nadie está por encima de las leyes», algo que indicaron ya hace unas semanas, aunque las denuncias todavía no se han sustanciado. Y destacan que de las «sentencias, acatamientos (de los fallos judiciales) e informes entendemos que el proceder está claro: primero incluir las retribuciones legítimas y luego negociar un reglamento de productividad».
«La porción de nuestro sueldo que pretende (el alcalde) retirarnos ahora no es un complemento de productividad, sino parte de la retribución salarial, tal y como explican los informes de la secretaria y Recursos Humanos», según la junta de personal, que citó sentencias ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) que dicen que «una vez desnaturalizado este complemento debe quedar sometido al régimen de las retribuciones complementarias, fijas, y periódicas». Ayer se difundió una moción firmada por el actual alcalde y José Hurtado en 2009, como oposición en la que reclamaban al gobierno popular que pagara con carácter retroactivo los complementos de productividad de personal que había estado de baja laboral y pidiera disculpas a los trabajadores afectados. Aquella moción se presentó en el contexto de las primeras sentencias que validaban la percepción de ese complemento como algo consolidado. Las mismas fuentes aseguran que el alcalde desconoce la «palabra negociación» e insisten en que el alcalde «no paga» el complemento porque no ha querido, dejando «deliberadamente a centenares de familias en situación precaria y con sueldos que no son ni mileuristas». El primer edil mantiene que cumple la ley al enviar un expediente a Intervención de la Generalitat para que resuelva la discrepancia entre la interventora Mari Carmen Corral, que recuerda que el pago de la productividad debe ser regularizado y supervisado y la secretaria Pilar Vellisca, que alega las sentencias judiciales, que lo consolidan.
Incidencia de ejecución
La primera actuación judicial la ha formalizado Comisiones Obreras presentando ante el juzgado de Lo Contencioso una incidencia de la ejecución de una de las sentencias que avalan el cobro de la productividad, tal y como ratificó el TSJCV, precisamente porque no se está cumpliendo.
