El Ayuntamiento de Callosa de Segura ha ganado la primera batalla judicial al Ministerio de Fomento. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Elche ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) sobre la suspensión del cobro de la liquidación por la extracción de piedra para la construcción del túnel del AVE que le reclama el Ayuntamiento de Callosa de Segura, y que se eleva a 1.998.287,98 euros. El juzgado da luz verde así al embargo de sus cuentas.
El organismo ferroviario, dependiente del Ministerio de Fomento, solicitó ante el Juzgado la suspensión de la resolución dictada el pasado 30 de noviembre de 2017 por la que la Concejalía de Hacienda liquidó a Adif casi dos millones de euros al entender que se había enriquecido injustamente, y por vía de hecho, de la extracción de, al menos, 291.208,60 de metros cúbicos de piedra de la sierra que posteriormente fueron utilizados para la construcción del propio túnel por el que atravesará la sierra el tren de alta velocidad. Desde la Concejalía de Hacienda han confirmado que se encuentran en contacto con SUMA para agilizar el proceso de cobro de las cantidades adeudadas ahora que la justicia ha dado vía libre.
El ministerio solo ha pagado al municipio los 4.900 euros por el justiprecio de la expropiación acordado en 2010, y aprobado por el entonces gobierno encabezado por el ex alcalde popular Javier Pérez. En total la superficie afectada es de 77.531 metros cuadrados que Adif ocupó con carácter permanente para la ejecución de esa obra. En 2012 se firmó el acta de expropiación forzosa y se abonó al Ayuntamiento el justiprecio acordado, pero, dos años después, el arquitecto municipal estimó que el valor del terreno realmente afectado, sin contar la explotación del mismo y descontando la parte expropiada, así como el valor estimado de los beneficios obtenidos por la extracción del material pétreo, ascendía a una cantidad que se alejaba muchísimo de lo abonado por Adif, nada menos que a 1.998.287 euros, que Fomento se niega a abonar.
Interés general
Según el Concejal de Hacienda, Rubén Manresa (EU), «con el rechazo de la medida cautelar solicitada por Adif logramos desbloquear una liquidación que ya era firme desde hace meses». La magistrada determina en su auto que «puede denegarse la medida cautelar, siempre que se aprecie perturbación grave de los intereses generales» y, en este caso, como afirma en su razonamiento segundo, «la parte demandante no acredita perjuicios irreversibles o de difícil reparación, por lo que debe prevalecer el interés general que legítimamente representa la administración demandada, procediendo la desestimación de la medida cautelar interesada». Del mismo modo, el juzgado ha rechazado ampliar la demanda a la notificación de apremio, por lo que únicamente juzgará la desestimación del procedimiento de nulidad de pleno derecho solicitado por Adif.
El Ayuntamiento de Callosa de Segura reclama esos casi dos millones de euros por los terrenos afectados, y no expropiados, y el volumen de material extraído para la construcción del túnel del Tren de Alta Velocidad que atraviesa la sierra del municipio. La Concejalía de Hacienda emitió el pasado año un decreto de liquidación de esa deuda que no fue recurrido en el plazo legal establecido por Adif, ni por vía administrativa ni judicial, por lo que el decreto se consideró firme y consentido y la reclamación de la deuda pasó a Suma, que hizo una providencia de embargo al Ministerio de Fomento. Tras serle notificado el apremio, Adif pidió la nulidad del acuerdo de liquidación y solicitó medidas cautelares para su suspensión, que ahora han sido negadas.
El administrador ferroviario alega que el Ayuntamiento no tiene competencias para aprobar una liquidación de estas características y que se ha saltado los procedimientos legales, basándose en que, asegura, la competencia en materia expropiatoria le corresponde al Estado y no al Consistorio. A pesar de que en noviembre de 2014 el Ayuntamiento requirió a Adif la suscripción de un acta complementaria para el pago de la mayor superficie afectada por los trabajos de construcción de la línea del AVE que unirá Madrid, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana, en el tramo entre San Isidro y Orihuela, ésta hizo caso omiso.
Según Manresa, «resulta esperpéntico que un organismo público, que además depende directamente del Ministerio de Fomento, pretenda hacer valer que todo el daño a nuestra sierra quedó resarcido con un pago de 4.900 euros al anterior equipo de gobierno». Adif extrajo más del doble de material pétreo del interior de la sierra del previsto.
