Los vecinos afectados por el proyecto de planta de reciclaje valorización de basuras planteada por OHL en San Miguel de Salinas y tramitada por el Consorcio comarcal de residuos han protagonizado esta tarde un protesta contra la iniciativa. Será a las puertas de la Diputación Provincial coincidiendo con la reunión de esta entidad, a las cinco de la tarde. La concentración está autorizada por la Subdelegación del Gobierno. Además de propietarios de fincas y viviendas de la zona, y vecinos del casco urbano, ha acudido la concejal del equipo de gobierno, Maria José Costa Medrano (UPyD). La edil ha entregado en mano al presidente del Consorcio, Manuel Pineda (PSOE), un folleto contra la planta y le ha espetado: "De ti no me creo nada".
En la reunión del Consorcio figura la aprobación de ocho comisiones técnicas para analizar proyectos de la iniciativa privada del sector de la gestión de residuos. Dos planteados en Callosa de Segura y el citado para San Miguel de Salinas-Torrevieja.
Fuentes de la dirección del Consorcio indicaron a INFORMACIÓN que al margen de que los proyectos no fueran descartados, su construcción y explotación deberían salir a concurso público.
El presidente de la entidad, el alcalde de Rafal, Manuel Pineda (PSOE) mantiene que es una obligación legal tramitar esas solicitudes. Peticiones que se realizan sin que el organismo que tiene como objetivo desarrollar las infraestructuras de gestión de residuos de la comarca -una de las dos de la Comunidad Valencia que carece de ellas- haya aprobado su propio plan de gestión. Ese plan debe establecer ubicaciones y procedimientos para desarrollar las instalaciones necesarias.
Uno de los detalles llamativos del proyecto de la multinacional -sobre unos 30.000 metros cuadrados - es que en la documentación que ha registrado utiliza el membrete del propio consorcio público como si la propuesta fuera una iniciativa ya avalada por el Consorcio. La parcela está junto al parque natural, en una zona agrícola a escasos 2,8 kilómetros del casco urbano. El acceso a la finca -y parte del proyecto- están en término municipal de Torrevieja.
La intervención de Bascuñana
Por su parte, el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana (PP) ha reprochado a la dirección del consorcio, controlada por el PSOE, el hecho de que en tres años no se hayan agilizado las infraestructuras, ni tenga en marcha su propio plan de gestión. Al primer edil le han recordado que es Cespa Ortiz, la empresa que ganó el concurso de gestión iniciado en 2006 -anulado después por el propio consorcio en el anterior mandato, la que está defendiendo en los juzgados mantener su opción de gestión y la que recuerda de forma periódica al organismo público que no puede desarrollar ninguna infraestructura hasta que esa reclamación se dirima en los juzgados. Adjudicación investigada en la trama de Brugal con una mayoría de cargos públicos populares implicados por el amaño de la adjudicación, en uno de los casos de corrupción política con mayor número de imputados.