La basura que genera la Vega Baja se sepulta a diario en vertederos repartidos por Alicante y Murcia. Decenas de camiones recorren de madrugada cientos de kilómetros para abocar las vergüenzas de una comarca que no tiene instalaciones para procesar las 220.000 toneladas de residuos que produce cada año. Desde el 2016, el Consorcio Vega Baja Sostenible ha gestionado un presupuesto global de 1.216.290 euros pero no ha sabido poner en marcha ni una sola de las infraestructuras que se necesitan. Mientras tanto, los representantes políticos integrados en ese organismo han consignado más de 180.000 euros para repartirse a modo de gratificaciones.
La gestión de las basuras de la Vega está desde octubre de 2015 en manos de los socialistas. Desde entonces el Consorcio está presidido por el diputado y alcalde de Rafal, Manuel Pineda, que ha intentado poner orden a una situación que se arrastraba una década y que heredó enfangada por la corrupción del Brugal. Aterrizó en el cargo prometiendo que en seis meses pondría en marcha una planta de transferencia, algo que después de tres años todavía no se ha cumplido. Esa instalación suponía la solución primaria a los problemas de la comarca, pues serviría para compactar los desechos en camiones de gran tonelaje con tal de ahorrar en desplazamientos y reducir el impacto medioambiental, pero el proyecto no ha cuajado. El Consorcio ha venido dando bandazos para buscar una ubicación, barajando terrenos en Almoradí, Guardamar u Orihuela hasta que se anunció a bombo y platillo que el elegido para albergar la planta era Dolores, con el beneplácito del Ayuntamiento. Sucedió hace ya 12 meses pero hasta hoy en el solar proyectado no se ha puesto ni una piedra. La ejecución de esa obra se quiere llevar a término con fondos públicos a través de la empresa pública Vaersa, pero el Consorcio necesita comprar una acción y el trámite administrativo se eterniza desde hace meses.
Mientras tanto, nada se sabe del proyecto para impulsar la instalación definitiva: dos plantas de tratamiento de desechos que permitan reciclar al máximo y, lo más polémico, el vertedero para enterrar los rechazos. Recientemente una empresa (OHL) ha presentado un proyecto para instalar una planta entre San Miguel de Salinas y Torrevieja, muy cerca del Parque Natural de las Lagunas y con capacidad para tratar la mitad de los desechos de la Vega. Los vecinos se están movilizando para exigir que se frene el proyecto, que cuenta además con detractores como Ecologistas en Acción o la empresa que explota las salinas de Torrevieja. La situación empieza a recordar a lo ocurrido en Cox, Granja y Albatera hace cuatro años, cuando los vecinos se echaron a la calle para poner freno al proyecto inicial: el adjudicado a la UTE Cespa-Ortiz, investigada en el Brugal por el presunto amaño de la contrata, que se acabó rescindiendo en 2014 por supuestos incumplimientos del adjudicatario. Como era previsto, la UTE defendió sus millonarios intereses con una batalla judicial que todavía no está resuelta y es ese hecho el que, según Pineda, les tiene maniatados para poder implantar un nuevo proyecto.
Toda esta situación ha motivado que los ciudadanos paguen cada vez más por un servicio que, a veces, no se presta como debería. Si bien es cierto que la basura ya no se entierra de forma salvaje en La Murada, es igual de real que durante los últimos años se han seguido sepultando muebles y residuos industriales sin ningún tipo de tratamiento en vertederos como el de Xixona, uno de los que da servicio a la Vega. Se trata de la única comarca de Alicante que tiene el dudoso honor de ser incapaz de tratar la basura que genera y nadie ha sabido hasta ahora solucionarlo.
