Más de 4.000 hectáreas de suelo agrícola en el entorno de Sierra Escalona se han transformado de forma ilegal en cultivos de riego sin contar con dotación de agua autorizada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Esa es la estimación que realiza Amigos de Sierra Escalona y otros colectivos ecologistas. En el entorno del espacio protegido compartido entre San Miguel, Orihuela y Pilar de la Horadada, existen unas 20.000 hectáreas de suelo agrícola. Antes de la llegada del agua del trasvase Tajo-Segura casi todas eran de riego. Ahora, en torno al 35% son de regadío y una parte importante, esas 4.000 hectáreas, carece de autorización para contar con agua de riego. La roturación de suelos y plantación de nuevos cultivos, en su mayoría cítricos, pero también para la producción de hortalizas y melones, se desarrollan con total impunidad.

Muchas de estas intervenciones han ido denunciando de forma puntual por entidades como ASE o los vecinos de San Miguel; denuncias de las que se han derivado expedientes administrativos pero muy pocas veces la restitución de la zona a su estado original. También han afectado zonas forestales -ampliando las agrícolas- y protegidas como áreas de especial Protección para las AVES y Lugar de Interés Comunitario (LIC). Es el caso del margen del cauce de la rambla de la Fayona en San Miguel, tanto en su tramo junto a la CV-95 en el límite con Torrevieja, como en el nacimiento del propio barranco en el que una empresa enterró parte del cauce para plantar secano.

La existencia de un volumen tan elevado de agua sin control aparente por parte de la CHS, se explicaría, según fuentes del sector agrícola consultadas por este diario, en la supuesta la existencia de «un mercado negro» del agua entre las zonas que puntualmente no usan los recursos a los que tienen derecho y estas otras no tienen dotación, pero sí cultivos en producción y gran demanda de agua.

Esta transformación del suelo agrícola se produce al mismo tiempo que grandes y medianas empresas agrícolas exigen, a través de las comunidades de regantes, mayores volúmenes de agua a un precio asequible e infraestructuras públicas que permitan la llegada de más recursos hídricos. Algunas explotaciones de la Vega Baja de la zona de La Pedrera cuentan con aportaciones del Trasvase Tajo Segura -cuando está abierto-; agua desalinizada de Torrevieja; dotaciones autorizadas por la CHS de agua residual tratada procedentes de depuradoras de la costa como Guardamar, Torrevieja, Rojales, Pilar y Orihuela y agua de pozos -en muchos, casos también ilegales-. La CHS, aunque sí abre expedientes por infracción, apenas actúa sobre el terreno para evitar que esas grandes transformaciones de secano a regadío se consoliden tras unos años.

Promesa incumplida

Las roturaciones se han acelerado conforme la Generalitat anunciaba pasos para proteger definitivamente este espacio natural como paisaje, para después tramitar la declaración de Parque Natural, pendiente desde 2006. Una promesa, que realizó el actual presdidente del Consell, Ximo Puig, en su campaña electoral de 2015 y que no ha cumplido.