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Vecinos y ecologistas advierten del «enorme» impacto ambiental de la medida y presentan alegaciones

La Asociación San Miguel Arcángel convoca una reunión el martes 18 para informar sobre la prospección

n La Asociación de Vecinos San Miguel Arcángel ha convocado una asamblea informativa a las 20.00 en su sede social el próximo martes para abordar los detalles de este proyecto, que ahora está a exposición pública para presentar alegaciones. Una imagen de una de las grandes explotaciones mineras de yeso a cielo abierto que funcionan en Almería, operadas por el mismo grupo que presenta la solicitud de investigación en San Miguel, ilustra el cartel informativo. Amigos de Sierra Escalona y otros colectivos podrían seguir los pasos del colectivo vecinal.

La tramitación de esta autorización de investigación viene de largo pero solo ha trascendido en el momento de exposición pública. El primer paso se dio el 5 de mayo de 2016 con su registro en el departamento de Minas de la Conselleria de Economía.

El Ayuntamiento no ha llegado a informar sobre la propuesta, aunque es muy probable que ya haya tenido constancia de ella en los dos últimos años. Ni tan siquiera para indicar si tiene previsto presentar alegaciones: el plazo de treinta días comenzó a correr la pasada semana. Para el presidente de la Asociación de Vecinos, Manuel Gómez, la petición de esta prospección supone el mayor desafío ambiental al que se enfrenta el municipio en estos momentos, incluso mayor que la iniciativa planteada de construir una planta de tratamientos de basuras en el otro extremo del término municipal, junto al parque natural de la laguna de Torrevieja.

Gómez expresó sus dudas de que la empresa haya tramitado la petición por el cauce administrativo correcto. Al afectar la investigación minera a una zona protegida como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) debería haber sido registrada en la Conselleria de Medio Ambiente y no directamente en la de Economía. La mercantil sí ha registrado, a petición de la propia Conselleria de Economía, ante la dirección territorial de la Conselleria de Medio Ambiente como estudio de «afecciones a la red natura 2000» del proyecto de investigación -no de la futura mina-. En él se dice que esos impactos son mínimos, sin mencionar la zona ZEPA, y reduciendo ligeramente el ámbito de estudio.

Gómez matizó que la legislación estatal sobre minería otorga derechos de concesión a las empresas que pretendan explotar mineral y la condición de interés general de los terrenos afectados por esa actividad, que incluso, asegura, pueden ser expropiados para llevar a cabo la extracción.

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