Las dos formaciones políticas que integran la oposición de Rojales, Partido Popular (PP) y Partido Demócrata de Rojales (Pader), se han unido para forzar la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar los sobresueldos que, aseveran, han venido recibiendo dos mandos de la Policía Local durante un año. En total suman 5.600 euros de gratificación extraordinaria que supuestamente habrían cobrado en concepto de especial disponibilidad. Sin embargo, ponen en duda la legalidad de esos pagos porque desde el primer momento el departamento de Intervención del Ayuntamiento se mostró en contra al considerar que ese sobresueldo ya estaba incluido en sus nóminas. Aún así, el alcalde, Antonio Pérez (PSOE), lo siguió pagando durante 12 meses.

La sesión monográfica impulsada por la oposición persigue dos objetivos: el primero es que Secretaría e Intervención elaboren informes que determinen si, efectivamente, esos pagos efectuados desde julio de 2017 hasta junio de 2018 son legales. También piden que, si se consideran irregulares, se inicie un expediente para que devuelvan el dinero.

Para comprender esta situación hay que remontarse a 2017, cuando el Ayuntamiento aprobó una bolsa de trabajo para cubrir servicios extraordinarios realizados por la Policía Local. Así, los agentes interesados cobrarían un complemento salarial de 200 euros al mes por realizar 80 horas extras al año. Sin embargo, el consistorio también incluyó al inspector, que recibiría 2.560 euros anuales por el mismo concepto, y al intendente, que percibiría otros 3.040 euros. Pues bien, el departamento de Intervención consideró en agosto de ese año que esos altos mandos de la Jefatura ya tienen la dedicación exclusiva y libre disponibilidad incluidas en el salario y , por tanto, no podían recibir ese complemento que retribuye lo mismo y estaría duplicado. A pesar de ello, y siempre según el PP y el Pader, lo han venido cobrando durante un año.

El PP en Rojales preguntó al alcalde por esta cuestión durante el pleno celebrado en junio y el regidor se comprometió a solicitar informes para valorar esta cuestión, pero nunca se hicieron.

Reclamar las cantidades

Los portavoces de la oposición, Alberto Ros (PP) y Desiderio Aráez (Pader) aseguran que su intención es «que se cumpla la ley en todos sus aspectos y conocer si el alcalde socialista «va a reclamar las cantidades pagadas presuntamente de manera indebida». A ese respecto señalaron ayer que el regidor «de manera unilateral y ante las quejas de algunos agentes decidió suprimirlo de las nóminas de los afectados», algo que se hizo a partir de julio de este año. Ante la incertidumbre de la plantilla de Policía Local, PP y Pader solicitaron informes de Intervención y Secretaría sobre la legalidad de estos pagos, informes que no han sido presentados, de ahí que se exijan ahora para el pleno que se deberá de convocar a la fuerza. Esa decisión se ha tomado, concretó Ros, porque en la sesión plenaria de julio se le preguntó al alcalde si se reclamaría la devolución de esas cantidades y respondió de forma negativa.

Lo que la oposición pretende es «exigir al alcalde explicaciones sobre la falta de esos informes y de la negativa a abrir un expediente para la devolución de lo cobrado indebidamente por parte la Jefatura local en caso de que los informes así lo dictaminaran», indicaron ayer. Lo que piden es «transparencia» a Antonio Pérez para clarificar esta «desagradable» situación. «No entendemos por qué se ha pagado durante tanto tiempo un complemento contra el criterio de Intervención a menos que el alcalde tenga algún compromiso del que no tengamos conocimiento», indicaron los portavoces. «Ni PP ni Pader pueden permitir que continúe esta situación para que no enturbiar el ambiente de trabajo en un servicio tan esencial como es la Policía Local», apuntaron ayer.

Este diario intentó ayer recabar la versión del regidor sobre estos hechos pero no obtuvo respuesta.