La provincia de Alicante carece de planes frente a los terremotos pese a ser obligatorio por ley en 136 municipios al tratarse de un territorio que está calificado de «peligrosidad sísmica máxima». Esa realidad, reflejada recientemente en una de las páginas de INFORMACIÓN, llegará ahora al Congreso de los Diputados de la mano del grupo parlamentario de Ciudadanos, que ha registrado preguntas para conocer si el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) piensa exigir a la Generalitat Valenciana que tome cartas en el asunto.
El escrito, firmado por los diputados Marta Martín y José Cano, recoge exactamente dos preguntas. La primera: «¿Cómo piensa garantizar el Gobierno el cumplimiento de la Directriz Básica de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana y más concreto en Alicante?». La segunda: «¿Piensa el Gobierno instar a la Generalitat Valenciana a que revise y supervise el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico y a que impulse que los ayuntamientos de las localidades con riesgo sísmico elaboren sus Planes de emergencia frente a terremotos?».
El documento presentado por Ciudadanos recoge que ningún ayuntamiento de la provincia cuenta con planes de emergencia para hacer frente a terremotos pese a estar obligados por ley, tal y como lo determina el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico de la Generalitat Valenciana. El asunto llega al Congreso después de que el pasado 14 de agosto la provincia -uno de los territorios con un riesgo sísmico más acentuado del país- sufriera el mayor terremoto de los últimos 58 años, con epicentro en Albatera y una magnitud en la escala de Richter de 4,3. Aunque el seísmo no causó daños personales ni materiales, sirvió para recordar que Alicante, y en particular la Vega Baja, se encuentran en zona de riesgo mientras las administraciones públicas no han redactado los planes necesarios para hacer frente a posibles emergencias.
