Un juzgado ha notificado a un miembro del colectivo «Salvemos Lo Ferrís» contra el que la empresa propietaria de parte del palmeral se querelló «la apertura de juicio oral por el delito continuado de calumnias», según informó ayer el propio colectivo. La querella criminal se interpuso por calumnias y el juzgado ha determinado que «los hechos investigados pudieran constituir un delito». Según el auto judicial «se deduce indiciariamente que el investigado, con conocimiento de su falsedad, y desde que la mercantil realizó un vallado perimetral no ha dejado de verter comentarios en los que la acusa de cometer hechos delictivos».

«Salvemos Lo Ferrís» subrayó ayer que todas sus declaraciones se han basado en evidencias y en la normativa vigente: «Siempre hemos actuado con prudencia y ateniéndonos a los hechos; en ningún momento hemos dicho algo a sabiendas de que fuera falso. Para que haya delito de calumnia se tiene que probar que se dice una falsedad a conciencia. Lejos de cualquier ánimo difamatorio, llevamos a cabo la reivindicación del paraje que históricamente ha sido de uso público».

La resolución judicial habla de supuestos delitos como denunciar la ocupación ilegal de una parte de la cañada real, muro de la vergüenza y especulación urbanística, «acusando al querellante de provocar el abandono y degradación de la cala y el palmeral desde hace décadas». A juicio del colectivo conservacionista, que se ha constituido en asociación «que el muro corta parte de la cañada real no lo dice sólo "Salvemos Lo Ferrís", sino el propio informe técnico de la conselleria», que indica, añaden, que el tipo de vallado no es el adecuado para el libre tránsito de la fauna. «Entendemos que esto contribuye a la degradación de la zona, que ya de por sí es palpable a simple vista. Sólo hay que echar un vistazo al estado de las palmeras, tanto las que están en terreno privado como en el público», indicó el colectivo.

En cuanto a la especulación urbanística, «conviene recordar que cuando la protección de Lo Ferrís iba ganando peso en el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) la empresa propuso al Ayuntamiento la cesión del palmeral a cambio de que le dejara construir en la zona colindante a la carretera». El juez establece como medida cautelar una fianza de 6.666,66 euros que el acusado debe prestar «para asegurar las responsabilidades pecuniarias».

Según «Salvemos Lo Ferrís», es una «cantidad excesiva» teniendo en cuenta los hechos de los que se le acusa y lamenta que no se haya tenido en cuenta la solicitud de sobreseimiento, que considera que «los hechos denunciados carecen de relevancia penal, constituyendo un ejercicio legítimo de la libertad de expresión» un derecho fundamental que recoge el artículo 20 de la Constitución.

Para la ahora asociación esta no es solo una querella contra uno de sus miembros «es un ataque a la libertad de expresión de todo un pueblo, así como a la cultura, el paisaje, la tradición y la identidad de Torrevieja. No hay que olvidar que el paraje se usa como emblema en las ferias de turismo». «Ante el temor de más represalias» la plataforma ha decidido inscribirse en el registro de la Comunitat como Asociación Salvemos Lo Ferrís.