Un auto del Juzgado de Lo Contencioso Administrativo de Elche ha desestimado la medida cautelar propuesta por una comunidad de vecinos de Cala del Moro para que se suspenda el uso de las playas caninas de Torrevieja. El 25 de junio el alcalde, José Manuel Dolón (Los Verdes), promulgara un decreto por el que se declaraban como playas caninas dos zonas, Punta Margalla y Cala del Mal Paso (Cala del Moro), de acuerdo con los requisitos del artículo 36.3 de la Ordenanza de playas. Contra el decreto se interpuso un recurso contencioso administrativo por parte de la comunidad de propietarios de la zona de la Cala del Moro (Mancomunidad de propietarios Cala del Moro bloques), según ha informado hoy la edil Fanny Serrano, en funciones de alcaldesa accidental hoy.
La resolución judicial no dirime el fondo del asunto, que se abordará a partir del mes de septiembre si se formaliza la demanda, con un plazo de tramitación que puede prolongarse durante años si se presentan recursos.
Los vecinos, según la edil, que ha facilitado el auto a los medios de comunicación, solicitaban del Juzgado de Elche que acordara "inaudita parte", es decir, sin escuchar los argumentos del Ayuntamiento de Torrevieja, la suspensión del uso de la playa canina, según su propia argumentación "para impedir que dicha declaración afecte a todo el verano, agosto fundamentalmente, y así que, los principales usuarios de la cala por cercanía, que son los ocupantes de las viviendas adyacentes, que vienen única o principalmente en temporada estival, queden privados de seguir utilizando dicha playa en el modo en que hasta ahora venían haciéndolo", además ofrecían una fianza de 1.000 euros.
El juzgado por auto de fecha 30 de julio inadmitió la tramitación como medida cautelarísima al no estimar la urgencia y acordó la tramitación del incidente como medida cautelar normal. Por ese motivo dio traslado al Ayuntamiento por 5 días para que presentara alegaciones y habilitó extraordinariamente el mes de agosto para la realización de los trámites procesales. Serrano ha informado de que el Ayuntamiento presentó sus alegaciones el 3 de agosto y ha tenido palabras de agradecimiento para el edil Víctor Ferrández "por su colaboración con la representación letrada para la redacción de las mismas". Ni el Ayuntamiento ni los vecinos habían informado sobre la presentación de esta medida judicial.
El 7 de agosto el Juzgado dictó el Auto por el que se desestima la medida cautelar "por entender Su Señoría que no hay un perjuicio irreparable para la comunidad de vecinos porque la playa canina es temporal y
provisional, solo para este año. Y, además, porque considera que los supuestos perjuicios irreparables alegados por la actora no se han acreditado en modo alguno. Igualmente, detalla que "existe un interés general que es el que ha llevado al Ayuntamiento a la promulgación del decreto, para satisfacer una demanda de gran parte de los ciudadanos del municipio. Por lo tanto, en la necesaria ponderación entre interés general interés particular, prevalece el primero. Por último también rechaza que se cumpla el denominado "fumus bonis iuris" no hay apariencia de buen derecho, se trata de una resolución de carácter general que no ha devenido nula".
Manadas de animales
Serrano, ha citado uno de los párrafos- que ha considerado bastante clarificador- que recoge el auto respecto a lo que los vecinos consideran perjuicios irreparables porque "los canes correrán libres por los caminos e incluso podrían acceder a las propiedades de los vecinos, así como el nutrido grupo de población que tiene temor a los perros", a lo que el juez responde que "además de no acreditarse de modo alguno, parece que lo que se ha habilitado es una zona para esparcimiento de manadas de animales salvajes en vez de una Playa Canina regulada mediante la normativa correspondiente" e igualmente recuerda que el propio decreto establece una serie de normas para evitar que los perros creen molestias a los demás bañistas y remite a la Ordenanza Reguladora del Uso, Seguridad y Conservación de las Playas.
La edil ha agradecido la ejecución que ha llevado a cabo el concejal de Playas, Javier Manzanares, del acuerdo que se ha adoptado en pro del beneficio general del municipio y que es de carácter provisional hasta que se produzca la definitiva con la máxima participación de los ciudadanos de Torrevieja. En septiembre se retomará el curso del procedimiento judicial con la presentación, en su caso, de la demanda y se entraría en el curso de la tramitación principal de esta cuestión.
La creación de los dos tramos de playas caninas ha sido una constante fuente de conflictos desde su puesta en marcha a principios de julio. No solo por las concentraciones y declaraciones de detractores y defensores de la medida. También por la confusión y falta de información sobre los límites reales de la playa -incluso entre los agentes de la Policía Local que debían hacer cumplir la ordenanza-, en especial en el caso de la Cala del Moro donde permanece, como ha podido comprobar hoy INFORMACION.ES, un cartel indicativo de prohibición de perros justo en la zona autorizada para ellos.
