El proyecto presentado por la empresa OHL para instalar una planta de residuos en San Miguel de Salinas será examinado por el Consorcio Vega Baja Sostenible para verificar su viabilidad. La comisión de Gobierno del citado organismo acordó ayer extender el plazo para que los técnicos evalúen la propuesta de esta iniciativa privada que, de partida, ya nace con polémica. Mientras el PSOE, que controla el Consorcio, se mostró ayer a favor de que se estudie esta alternativa, el PP se posicionó radicalmente en contra de admitirla siquiera a trámite al considerar que presenta más sombras que luces.

El acuerdo para aumentar el plazo de estudio de dicho proyecto se adoptó hace un par de semanas mediante una reunión que tuvo que repetirse ayer porque en la primera no hubo quórum suficiente. Los alcaldes populares se marcharon de la comisión porque, según aseguraron, no se les había entregado el informe aportado por la empresa desgranando las características de la instalación. Pues bien, ayer sí lo tenían pero tampoco estaban conformes. La planta proyectada tendría capacidad para tratar hasta 120.000 toneladas y según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, que se integra en la Plataforma Residuo Cero Vega Baja, se trata de una propuesta que «es incompatible con los objetivos de una gestión sostenible de los residuos, carece de estudio de impacto ambiental y además pretende ubicarse junto al Parque Natural de las Lagunas de la Mata y Torrevieja». Los populares hicieron ayer suyos esos argumentos para oponerse a que se tramite aunque no lo pudieron impedir al estar en minoría.

Personalidad jurídica

El alcalde de Redován, Emilio Fernández, explicó ayer que otra de las propuestas que «gracias a los votos del PSOE» se estudiarán es la de habilitar una planta de tratamiento de desechos vegetales y otra de residuos voluminosos (colchones, sofás, muebles...) en Callosa de Segura. Según Fernández ese proyecto fue presentado por una empresa -Carbons Biològics del Mediterrani SL- el día 7 de mayo, mientras que la fecha de constitución de esa mercantil es de sólo 13 días antes (24 de abril) y ni si quiera está inscrita en el registro mercantil. «Es una empresa que no tiene personalidad jurídica. Cuando tenga que sacar adelante el proyecto, ¿cómo va a demostrar la solvencia técnica y profesional? No sabemos quiénes son los administradores, los socios, su capital social... Huele muy raro. Todo esto es una chapuza y una barbaridad y algún día alguien tendrá que responder de ello», dijo Fernández. El representante del PP añadió además lo que viene repitiendo desde hace meses, y es que «primero se debe elaborar un proyecto de gestión y, a partir de ahí, que se presenten las empresas que quieran, no al revés».

Por su parte, el presidente del Consorcio, Manuel Pineda, defendió ayer que la ley de contratación «recoge la posibilidad de que se presente iniciativa privada, y como administración tenemos obligación de contestar. Como se pasa el plazo lo que queremos es darles una respuesta y que los técnicos hagan una valoración». Pineda dijo que él «no sabe si los proyectos incluyen legislación que está derogada y serán los técnicos los que decidan esas cuestiones. Lo que el PP ha votado en contra es de que se haga un informe de valoración de la iniciativa privada que la ley les permite, nada más».

Según el presidente del Consorcio, si la comisión técnica dice que el proyecto es válido «el escenario que se presenta es el de admitirlo a trámite y entonces se empieza la redacción de los pliegos para sacarlo a concurso, no se adjudicará nada a dedo», recalcó.