La firma que ha proyectado la construcción de una planta de basuras en San Miguel de Salinas, OHL Servicios-Ingesan, ha ofertado cobrar un canon de 72,96 euros más IVA por el tratamiento de cada tonelada de residuos que llegue a sus instalaciones. Se trata de un coste con el que prevé amortizar la puesta en marcha de la maquinaria y la adquisición de terrenos, cuya inversión global superaría los 42,7 millones de euros. A priori, se trata de un precio que los alcaldes del Partido Popular (PP) rechazan al considerarlo demasiado elevado. Señalan que actualmente la planta de Fontcalent, que da servicio a parte de la comarca, tiene fijado un precio de 66 euros más IVA. A ese respecto, exigen al Consorcio Vega Baja Sostenible, presidido por el socialista Manuel Pineda, que promueva un concurso público en vez de estudiar primero propuestas individuales enviadas por mercantiles.
La inversión que está dispuesta a realizar la citada empresa conlleva como contraprestación el derecho a explotar este jugoso negocio durante un periodo mínimo de 20 años. El canon propuesto para cobrar a los ayuntamientos a los que preste servicio incluye la amortización de la compra de los terrenos necesarios, así como su reversión a la finalización del contrato de explotación. La planta está proyectada en siete parcelas rústicas ubicadas entre el término municipal de San Miguel y Torrevieja, en el paraje Villa Antonia, y sobre una superficie de más de 29.000 metros cuadrados. En principio daría servicio a todo el litoral de la Vega Baja, incluyendo las localidades de Benifójar, Daya Vieja, Formentera de Segura, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela Costa, Pilar de la Horadara, Rojales, San Fulgencio, Torrevieja y San Miguel. A ese respecto, el portavoz del PP en el Consorcio y alcalde de Redován, Emilio Fernández, se preguntó qué pasaría con el resto de municipios de la Vega Baja que no están incluidos en esa lista. «Esta propuesta no resuelve el problema, porque hace falta una solución global para la comarca y eso es algo que no vemos por ningún sitio. No es posible que por querer hacer las cosas a medias unos ciudadanos acaben pagando más que otros por tratar la basura en función de la planta a la que se derive a los ayuntamientos», añadió el popular.
Control ambiental
La empresa ha previsto indemnizar al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas con un euro por cada tonelada de desperdicios que entre a sus instalaciones. La planta, en principio, tendría capacidad para tratar 125.000 toneladas al año y esa es la cifra económica que percibiría el consistorio de forma anual: 125.000 euros, una cantidad que la concejala de San Miguel de Salinas, María José Costa (UPyD) consideró «irrisoria» en comparación con el impacto negativo que, según defiende, tendría una instalación de estas características en un municipio que vive de la agricultura y del turismo. Además de ello, la gerencia de la planta de desechos destinaría 30.000 euros anuales para realizar un control ambiental de las instalaciones por parte de un agente externo independiente.
La empresa, que ha presentado su propuesta al Consorcio, asegura que sólo necesita un plazo de 18 meses para la ejecución de las obras y puesta en marcha del centro de tratamiento una vez que obtenga la autorización para iniciar las obras. Ya en abril de este año, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas emitió un informe de compatibilidad urbanística que determinó que, al tratarse de una instalación de utilidad pública o interés social, las fincas propuestas serían compatibles para acoger una planta de tratamiento de desechos sobre esas serie de terrenos calificados como rústicos y ubicados junto a la carretera CV-943 , CV-95 y AP-7.
