La planta de tratamiento de basuras proyectada en San Miguel de Salinas por la firma OHL Servicios-Ingesan tendría capacidad para prestar servicio a toda la franja litoral de la Vega Baja, con hasta 125.000 toneladas al año. El proyecto presentado por la empresa prevé que la instalación acoja los desechos de 11 municipios y su volumen de trabajo se multiplicaría hasta un 50% en verano, cuando la población se incrementa por el turismo.
Poner en marcha esta planta de tratamiento de desperdicios conlleva una inversión de 42.777.000 euros que la citada mercantil está dispuesta a asumir a cambio de explotar el negocio durante un periodo mínimo de 20 años. Los datos pormenorizados de este proyecto han sido presentados al Consorcio Vega Baja Sostenible aunque su presidente, el socialista Manuel Pineda, ha rechazado hasta ahora que se hagan públicos.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, la instalación acogería todos los desechos generados en Benifójar, Daya Vieja, Formentera de Segura, Guardamar del Segura, Los Montesinos, Orihuela Costa, Pilar de la Horadara, Rojales, San Fulgencio, San Miguel de Salinas y Torrevieja. Se trata de las zonas más turísticas de la comarca, al estar ubicadas junto a la línea de costa. Es por ello que la planta se ha diseñado para aumentar su capacidad en verano. Así, durante ocho meses al año tendría un volumen de trabajo de 8.929 toneladas mensuales, mientras que durante los cuatro meses de temporada estival, tendría capacidad para 13.393 toneladas mensuales o lo que es lo mismo, 536.000 kilos de basura cada día.
La planta se levantaría en siete parcelas rústicas ubicadas entre el término municipal de San Miguel y Torrevieja, en el paraje Villa Antonia, y sobre una superficie de más de 29.000 metros cuadrados. Se ubican junto a la carretera CV-943 , CV-95 y AP-7, una situación «inmejorable», según la empresa, para facilitar los desplazamientos de todos los camiones de residuos desde los municipios de origen.
Compatibilidad
El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, gobernado por Ángel Sáez (PP), conoce al menos desde abril de 2018 la ubicación exacta en la que se quiere levantar esta planta de residuos. Los promotores del negocio solicitaron un informe de compatibilidad urbanística para conocer si los terrenos previstos eran aptos para habilitar las instalaciones. En la respuesta del consistorio se decía que «teniendo en cuenta que la actividad pretendida para una planta de tratamiento de residuos se considera comprendida en una instalación de utilidad pública o interés social, el técnico firmante entiende compatible la actuación pretendida con la normativa urbanística municipal en vigor». El documento, expedido por la secretaria municipal, incluye igualmente la rúbrica del regidor popular.
Está previsto que este proyecto se aborde en la reunión que el Consorcio de residuos celebrará el próximo viernes, después de que la última convocatoria resultara fallida. Los alcaldes del PP se marcharon al considerar que no se les había facilitado la información relativa a este proyecto y Pineda, que defendió que sí la tenían, se ha visto obligado a convocar de nuevo porque no había quórum suficiente para la adopción de acuerdos.
En concreto se abordará conceder más plazo para que los técnicos estudien el proyecto presentado por esa empresa para levantar la planta en San Miguel, aunque hasta el momento no se ha convocado un concurso público para impulsar un procedimiento reglado para la instalación de plantas de basura. Esa es precisamente una de las principales críticas de los alcaldes populares, que defienden que primero hay que redactar unas bases técnicas relativas a este proyecto y después impulsar un concurso público para que los interesados presenten sus ofertas.
