La Generalitat Valenciana va a encargar un estudio sobre el origen y volumen de la contaminación por residuos flotantes, la mayor parte plásticos, a su paso por la comarca en el río Segura y su sistema de riego tradicional. En ese informe también se contempla evaluar la calidad de las aguas, en especial su conductividad -la presencia de salinidad que impide en muchas ocasiones el riego de calidad de los cultivos-. Además, va a reclamar en una reunión con la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que está ahora en plena fase de relevos con el cambio de Gobierno, que paralice la exigencia a los regantes de instalar dispositivos de retención de residuos en cada uno de los Juzgado de Aguas y comunidades de regantes tradicionales. Reclamación que la Confederación hizo, como recogió este diario, bajo amenaza de imposición de multas e incluso de impedir el riego.
El secretario autonómico de Medio Ambiente, Fran Quesada, y el director general del Agua, el guardamarenco Manuel Aldeguer, mantuvieron la semana pasada en Orihuela una reunión con los responsables de los Juzgados de Agua, que están indignados con la imposición vía notificación del organismo de Cuenca -con 30 días de plazo y esa amenaza de sanción-.
Los cargos del Consell, que anticiparon su respaldo al riego tradicional en este asunto, coinciden con los regantes en que no se les puede reclamar la inversión en la puesta en marcha de las rejillas de flotantes y la retirada de los residuos cuando el vertido no es responsabilidad de ellos -o solo lo es, en cualquier caso, en una proporción muy reducida-. La mayor parte de los envases de plástico y botellas que flotan en las aguas del Segura proceden de la Vega Media murciana, en la que la CHS no ha exigido, por cierto, las mismas medidas que en la Vega Baja a los regantes o de lo que los vecinos de los municipios que atraviesan el sistema de riego en la Vega Baja vierten a los canales.
Injusto
«Es muy injusto que sean los regantes de la Vega Baja los que tengan que asumir los vertidos y basuras de la Vega Media (Murcia)», dijo Aldeguer. Los Juzgados de Aguas mantienen que esos flotantes, la mayor parte envases de plástico, proceden de aguas arriba del Segura, y entran al sistema de riego por las arrobas de toma de agua hasta las azarbes y acequias, que desembocan de nuevo en el río. De ahí la imagen final de la desembocadura con miles de residuos acumulados. La CHS, en plena polémica con los regantes, se apresuró hace unos días a llevar a cabo una limpieza de esa zona de la ribera en Guardamar, y sigue insistiendo en que la propiedad de los canales de riego es de los Juzgados de Agua, aunque el agua es dominio público y la responsabilidad de sus condiciones ambientales es exclusiva del Ministerio de Medio Ambiente.
A esa reunión también asistió el alcalde de Rafal y presidente del Consorcio de Residuos de la Vega Baja, Manuel Pineda, porque además de la propia CHS, que no ataja en Murcia la llegada de los contaminantes, son los ayuntamientos los responsables de impedir el vertido de basuras al sistema de riego, y en cualquier caso de retirarlos.
La Generalitat subraya que los regantes no se niegan a colaborar en la limpieza. Solo quieren que exista una proporcionalidad a la hora de asumir ese coste. Y que esté avalada con datos fiables, además de contar con asesoramiento técnico para poder abordar las instalaciones necesarias. Los regantes, que en zonas como Dolores ya han recibido multas, critican que la CHS quiera que quienes han sufrido décadas los problemas de escasez de agua -por el robo del agua o los estragos de la sequía a «cola»· del río; o los ambientales, por la falta de depuradoras y la presencia vertidos-, asuman, además, la limpieza de los residuos que generan otros aguas arriba.
