El equipo de gobierno de San Miguel de Salinas (PP y UPyD) no quiere ni oír hablar de la instalación de una planta de tratamiento de residuos en su término. El alcalde, Ángel Sáez, se manifestó ayer en contra de la propuesta registrada por la mercantil OHL, que ha proyectado una estación para procesar 100.000 toneladas anuales de residuos. Creen que un proyecto de esas características generaría un impacto negativo en el municipio y su medio ambiente, tal y como defendió también la concejala María José Costa, que criticó además que el Consorcio Vega Baja Sostenible no les haya informado al respecto. La propuesta tampoco convence a colectivos como la Asociación de Vecinos de San Miguel de Salinas.
El debate sobre la necesidad de impulsar una solución para ordenar los residuos ha vuelto a causar un agrio enfrentamiento en la comarca. Ayer, el Consorcio celebró una reunión con representantes de los 27 municipios. Hubo de todo menos consenso porque todos los representantes del PP se marcharon. Lo hicieron, según explicó el alcalde de Redován, Emilio Fernández, porque no se les había facilitado el expediente con toda la información relativa a esa propuesta. También abandonaron los diputados provinciales de Medio Ambiente y Ciclo Hídrico, Javier Sendra y Francisco Sáez.
«No podíamos votar algo sin tener toda la documentación, es una violación de derechos fundamentales e impugnaremos la reunión», advirtió Fernández, que anunció además que renunciaba a seguir siendo vicepresidente cuarto del Consorcio.
El presidente de la entidad, el socialista Manuel Pineda, lamentó la marcha de los populares y valoró que «los que nos quedamos seguiremos trabajando por los vecinos, mientras los que se marchan pasan a cobrar la asistencia a la sesión sin ayudar a la Vega Baja a mejorar la gestión de sus residuos». Aseguró que el secretario sí validó la legalidad de la convocatoria.
Los representantes que se quedaron a la reunión acordaron crear siete comisiones técnicas para abordar cuestiones como las plantas de valorización, de transferencia, el vertedero o la red de ecoparques, entre otras. Así, cada grupo estará formado por representantes de la Generalitat, la Diputación y técnicos del Ayuntamiento donde se prevea disponer de alguna de las instalaciones, como podría ser el caso de San Miguel de Salinas. También se acordó dar más tiempo a los técnicos del Consorcio, hasta seis meses, para valorar los proyectos presentados por las empresas antes de dar respuesta a los promotores. Todo ello mientras todavía no se ha impulsado un concurso público para sacar adelante esa serie de proyectos.
Las críticas llegaron igualmente desde grupos como Cambiemos Orihuela, que criticó que se apueste por macroplantas en vez de instalaciones más pequeñas e impulsar una política orientada a generar «residuo cero» tomando medidas para reducir los desechos, separar residuos y proteger el medio ambiente.
