El exalcalde de Catral, Aurelio Albero (Partido Popular) ha reconocido que cometió un delito de prevaricación administrativa por permitir un mercadillo ilegal en el polígono entre los años 2010 y 2013. La actividad se organizaba sin ningún tipo de licencia y aunque el Ayuntamiento inició varios procedimientos sancionadores todos ellos se dejaron caducar sin llegar a imponer ni una multa. El exregidor ha aceptado una pena de cinco años de inhabilitación para ocupar cargo público, aunque lo cierto es que se encuentra apartado de la política desde 2015.
El juicio que llevó a Aurelio Albero al banquillo de los acusados duró apenas unos minutos dado que el acusado reconoció el delito y aceptó la condena exigida por el Ministerio Fiscal. La sentencia dictada por el juzgado de Lo Penal Número Tres de Orihuela recoge que el promotor del mercado «El olivo» pudo desarrollar la actividad de forma continuada todos los martes y domingos durante dos años y medio «gracias al arbitrario comportamiento» del regidor. El suelo sobre el que se celebraba el zoco precisaba de la aprobación de un Plan Especial por parte de la Generalitat Valenciana, pero esa autorización nunca se obtuvo. Aún así, el consistorio hizo la vista gorda.
Según los hechos probados, Aurelio Albero «estaba en todo momento al tanto de la ilícita actividad» pero no hizo nada por restaurar la legalidad. Se indica que el consistorio abrió varios expedientes sancionadores para restaurar la legalidad urbanística y medioambiental, pero el entonces regidor no hizo nada para evitar que esos procedimientos quedaran paralizados y los dejó caducar «actuando siempre de forma arbitraria y torticera». Para ello se aseguró de que se acabaran archivando todos los expedientes abiertos contra Amal Errayhany, el promotor de la actividad. Lo hizo, según el fallo, deliberadamente puesto que «dispuso lo necesario para que esta caducidad fuera decretada dado que, intencionadamente, no realizó una correcta distribución de los servicios en materia de tramitación de los expedientes sancionadores aludidos y se aseguró de que o bien no se procediera a la notificación del instructor de su nombramiento o de que no se informara al instructor del contenido de sus funciones». Y todo ello lo hacía para «dar una ficticia imagen de legalidad a su actuación».
Mercancía incautada
La Policía Local de Catral realizó diversas inspecciones sobre el terreno e informes en los que se constataba el carácter irregular de la actividad. En varias de sus actuaciones incautó mercancía de la que se ponía a la venta en los puestos por ser de dudosa procedencia. A pesar de todo, el mercadillo siguió celebrándose hasta que el 6 de marzo de 2013 Aurelio Albero perdió la Alcaldía al prosperar una moción de censura. El juez destaca que el nuevo gobierno, en solo dos meses, concluyó la restauración de la legalidad vulnerada mientras que su antecesor en el cargo no lo hizo en más de dos años.
Alteraciones de seguridad
La sentencia mediante la que se ha condenado a Aurelio Albero es firme y no cabe ningún tipo de recurso. El fallo hace responsable al exregidor de las «graves alteraciones de seguridad ciudadana» que se vivieron tras el cierre de un mercadillo que nunca debió de abrir sus puertas. El Ayuntamiento tardó más de dos años en clausurar la actividad y, cuando lo hizo, se sucedieron una serie de concentraciones de protesta por parte del gerente y de algunos de los vendedores, que acusaron al nuevo gobierno de haber actuado con un trasfondo racista puesto que la mayoría de ellos son árabes. Y todo eso ocurrió porque Albero «había consentido que la actividad ilegal se perpetuara desde el 21 de noviembre de 2010 hasta marzo de 2013». De hecho, se interpusieron dos contenciosos contra el Ayuntamiento que fueron ganados por la administración y avalaron que efectivamente, el cierre fue legal.
