El alcalde de Torrevieja, José Manuel Dolón (Los Verdes), anunció ayer que ha trasladado a la Fiscalía un informe de la interventora municipal en la que se describen supuestas irregularidades en la ejecución de la celebración de la Feria de Sevillanas, unas fiestas organizadas todos los años por el Ayuntamiento. La Intervención ve en la pasada edición una«explotación económica del dominio público (para la reserva de suelo a caseteros) prescindiendo de cualquier procedimiento administrativo». El primer edil dijo que dos técnicos municipales informaron sobre estas anomalías y que la habilitada nacional conformó un expediente con esa documentación y lo puso en conocimiento de la Alcaldía el pasado 28 de junio para que «tomara los efectos oportunos». Dolón, sin aportar muchos detalles sobre la documentación registrada en los juzgados el 10 de julio, ha dicho que entendía que esos «efectos oportunos» se referían a remitirlo al Ministerio Público.

Dolón sugirió que no le ve recorrido judicial a esas irregularidades. Como informó este diario, los técnicos detectaron que al menos una responsable de la Casa de Andalucía «Rafael Alberti», colaboradora del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria de la organización de la Feria, había cobrado a varios caseteros locales 200 euros en concepto de la reserva y uso del suelo, poco antes de iniciarse la feria y durante su desarrollo. Algo que no aparece en los pliegos de condiciones de la organización y está al margen de la supervisión municipal.

Por ese suelo del recinto ferial en el «relleno» del puerto de Torrevieja, el Ayuntamiento ya aporta un canon anual a la Generalitat, que es la que tiene competencias en la dársena como dominio público. Es decir, la Casa de Andalucía reclamó por un concepto por el que el municipio ya abona una cantidad. «Estamos a la espera de que nos comuniquen si hay alguna reacción, o consideran que los hechos revisten alguna gravedad o característica como delito penal».

La dirección de la asociación, que se ha encargado -primero como organizadora y después como colaboradora, de realizar la Feria desde 2016- explicó que ese dinero se devolvió una vez se hicieron públicas las supuestas irregularidades. También indicó que no se cobró por el uso del suelo o su reserva, sino para dotar a buena parte de las casetas de servicios que el Ayuntamiento no había contemplado en el contrato -como grupos electrógenos o seguridad privada-, que ejecutó por 113.000 euros una productora de espectáculos, proveedora muy habitual del municipio desde hace décadas.

Polémica

La polémica sobre la organización también desveló que la Casa de Andalucía había garantizado a una empresa la exclusividad de la distribución de cerveza en buena parte de las casetas. No hay constancia de que este acuerdo privado entre caseteros se haya aportado al expediente ni que tuviera relevancia en las irregularidades que señala la interventora. Este diario preguntó al alcalde por su valoración de los hechos que se han trasladado al juzgado: «Son los que se publicaron en INFORMACIÓN. Que les han cobrado a unos señores un dinero, doscientos euros, que en teoría lo cobra una gente que no tiene que ver con el contrato». La interventora, dijo, es «la que supervisa el contrato y remite el expediente. Podíamos haberlo dejado en un cajón. Pero no tenemos nada que esconder y entiendo que no va a pasar nada significativo (en los juzgados)».