El Ayuntamiento de Torrevieja no ha podido notificar al intendente de la Policía Local un expediente de responsabilidad patrimonial aprobado por la junta de gobierno local en el que se le reclama el pago de 45.000 euros, más intereses de demora. Se trata del segundo en la escala de mandos de la plantilla de la Policía Local tras el Comisario Jefe. El requerimiento se remitió a su lugar de trabajo habitual, la jefatura de la Policía Local, pero no ha sido recogido. Por esa razón el alcalde y principal responsable de la Policía Local, ha rubricado un edicto avalado por la legislación de procedimiento administrativo y que este diario comprobó en el tablón de anuncios del vestíbulo principal Ayuntamiento, en el se indica que esta notificación está entre las «pendientes» de las que realiza el municipio. Por lo tanto recurrirá a otras vías administrativas para dar con él.
En primer lugar, el Boletín Oficial de la Provincia, tal y como anuncia el documento rubricado por el primer edil el 26 de junio. Si no tiene éxito el aviso aparecerá el Boletín Oficial del Estado. El mando, Alejandro Morer, con una larga trayectoria en la Policía Local, responsable de muchas de las áreas de gestión de la plantilla e instructor de expedientes de adjudicación, comparecía hace solo unos días junto a otros agentes en los juzgados de Elche notificado para asistir a un procedimiento judicial pendiente. Se encuentra desde hace unos días de baja laboral, según indicaron fuentes municipales, de ahí que no hubiera tenido constancia de la notificación.
La reclamación se deriva de una sentencia por la vía administrativa al Ayuntamiento de Torrevieja por acoso laboral. La administración local abonó la indemnización que reclamaban los agentes y que fue confirmada por el juzgado. Ahora, es el municipio quien reclama ese dinero a quien, siempre según la resolución judicial, se señalaba como responsable directo de acoso laboral con el objetivo de que el municipio recupere el dinero público empleado en la indemnización.
La resolución, no recurrida por el Ayuntamiento, probaba que el mando había ejercido acoso laboral contra tres agentes por su labor sindical, y en la que cuestionaban decisiones del intendente. A raíz de esas críticas -es una asunto de hace más de 15 años-, Morer envió a los agentes de regular tráfico en rotondas o a realizar patrullas unipersonales, entre otros cometidos que nada tenían que ver con sus funciones policiales. En ese momento legislación no contemplaba el acoso laboral en el código penal, por lo que la acción judicial solo se podía ejercer contra la administración que la amparaba por la vía contencioso administrativa.
Si el municipio no logra dar con este jefe de la Policía Local el expediente abierto podría caducar. No obstante, el agente tiene en su mano iniciar un largo procedimiento de recurso, primero ante la propia administración, y después en los juzgados, para defender por qué no debe asumir esa indemnización. Además de este expediente de responsabilidad patrimonial, ámbito que siempre gestiona el área de Urbanismo, el equipo de gobierno inició otro disciplinario al que se le dio carpetazo por haber prescrito. El equipo de gobierno, en función de lo que dispone la legislación en estos casos, va a actuar de la misma forma en los otros tres casos de acoso laboral en los que ha sido condenado y por lo que ya ha indemnizado a los policías locales afectados: reclamar a los mandos que se señalan en las resoluciones judiciales administrativas.
