El juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa, con reserva de las acciones pertinentes, por presunta malversación de caudales públicos contra el concejal de Urbanismo de Orihuela y portavoz adjunto del gobierno municipal, Rafael Almagro, por otorgar en diciembre de 2016 un plus de productividad al interventor accidental, Juan Ramón Mancheño, de 4.407,97 euros.

La denuncia la interpuso el que entonces era interventor titular, Fernando Urruticoechea, contra Almagro, entonces responsable de Hacienda, el secretario municipal y el propio Mancheño, que estuvo ocupando su puesto durante el período en el que Urruticoechea estuvo de baja. Ahora la causa se archiva. Cuando en el verano de 2016 el funcionario causó baja por enfermedad, su puesto, a petición de Rafael Almagro, fue ocupado por el técnico Juan Ramón Mancheño, destinado entonces en el Área de Urbanismo, para hacerse cargo de la intervención municipal de forma accidental durante el largo periodo en que permaneció sin darse de alta.

El 13 de diciembre de 2016, Almagro formuló una propuesta de abono a favor de Mancheño en concepto de productividad de 4.407 euros, justificándose en que llevó a cabo el establecimiento del protocolo de fiscalización previa, la revisión de la liquidación del presupuesto de 2015 y la corrección de diversos desajustes del mismo, «obteniendo un mayor resultado de Remanente de Tesorería, fiscalización del presupuesto de 2016, depuración de las cuentas de acreedores dando como resultado unas cifras de deuda inferiores a las que se venían arrastrando,y la implicación e implantación de medidas que mejoraban la gestión del área económica».

Sin embargo, el interventor titular consideró que esa dotación económica no era legal e interpuso una demanda por malversación de caudales públicos tras trasladarse a su nuevo destino en Torre Pacheco, a principios de 2017, que el juzgado ha archivado el 4 de junio de este año. No es el primer revés que recibe Urruticoechea, ya que se le rechazó la alegación que presentó contra los presupuestos de 2016.