Comparten nombre de urbanización con la de la conocida serie de televisión «La que se avecina», pero en este Montepinar no hay tantas aventuras como a las que se enfrentan los vecinos de la ficción televisiva. Aunque sus residentes sí tienen problemas, y no pocos, que darían para protagonizar una serie propia. Montepinar se encuentra a 7 kilómetros del centro de Orihuela, separada por la sierra, pero no solo la orografía distancia a esta urbanización oriolana de su ciudad. Los servicios escasean en esta zona llena de chalés, donde se pueden ver enormes parcelas con piscinas privadas, viviendas de varios cientos de miles de euros y hasta un vagón adornando el jardín de una de las casas, casi todas con vistas a la montaña.
Sin embargo, detrás de ese idílico lugar para vivir, se esconde una realidad no tan bucólica. Allí no se desplazan los carteros de Correos, los servicios de limpieza no van tan a menudo como sería deseable, hay continuas roturas de tuberías por la fuerte presión con la que llega el agua -a pesar de contar con un depósito regulador desde 2012 que no se ha puesto en funcionamiento- y, lo que es más preocupante, muchas de las viviendas no tienen cédula de habitabilidad, por lo que no pueden empadronarse sus inquilinos, y no viven a oscuras gracias a la generosidad de los vecinos que les «prestan» su corriente eléctrica porque no pueden dar de alta la luz. Problemas de una urbanización sin legalizar al estar incursa en un proyecto de urbanización y reparcelación aún en desarrollo. Además, el urbanizador no dio de alta las viviendas en el Registro de la Propiedad, solo las parcelas sin que el Ayuntamiento de Orihuela les haya facilitado certificados de antigüedad.
La historia de Montepinar se remonta al año 1976. Entonces, los propietarios compraron 168 parcelas que sumaban 471.000 metros cuadrados por 124 pesetas (0,75 euros). Ahora, hay unas 200 personas que poseen terrenos en esta urbanización. Todos esperaban que el Proyecto de Reforma Interior (PRI) se ejecutara rápidamente. En 2011 se adjudicó para culminarse dos años después, en 2013. Pero no fue así, y 5 años después aún no se ha terminado y eso que los vecinos han pagado ya una media de 30.000 euros, algunos 20.000 y otros hasta 50.000, por servicios como el asfaltado, el alumbrado, el saneamiento o la red eléctrica, sin que algunos de ellos puedan aún tener lo que han abonado con mucho esfuerzo. «Nos consideran ciudadanos de segunda, hemos pagado más del 90% del coste de urbanización y en cada unidad de obra han pasado la factura y la hemos abonado, alguna de 4.000 o 5.000 euros, sin tener todos los servicios», denuncia Manuel Suárez, presidente de la Asociación de Vecinos de Montepinar. No todos han podido pagar. «Aquí se han vivido auténticos dramas familiares, algunas familias se han tenido que ir porque se han visto obligados a vender su casa para poder pagar los altos costes de urbanización y también los bancos han expropiado varias viviendas», se lamenta.
En Montepinar hay una veintena de casas que no están reconocidas, que no tienen cédula de habitabilidad y sus inquilinos viven sin suministro eléctrico y sin poder darse de alta en el padrón. Un enorme cable negro pasa de un bonito chalet a la vivienda contigua. Su propietario, que prefiere mantenerse en el anonimato a sabiendas de que ese enganche es ilegal, explica que «gracias a la solidaridad de mi vecino puedo tener un frigorífico o ver la tele». Llama la atención ver grandes mansiones enganchadas con un cable a la luz de la casa de al lado. «Hemos pagado una urbanización con su línea eléctrica y no tenemos electricidad, es una vergüenza», denuncia este propietario, que cada vez que cocina debe avisar a su vecino porque la potencia no da para tanto. «A unos Iberdrola no nos da de alta y a los que sí la tienen no les permite aumentar potencia». Él vive sin luz propia desde 2006. El problema lo tienen los que compraron terrenos después de 2002. Las torres están levantadas pero falta pasar el cableado de manera soterrada por dos carreteras. Cerca de allí, el propietario de una imponente casa ha decidido cortar por lo sano instalando un arsenal de placas solares en su tejado.
El Ayuntamiento, no obstante, sigue dando licencias de obra y se ven varias casas en construcción que, una vez terminadas, se encontrarán sin suministro eléctrico. «El Consistorio nos tiene abandonados», denuncia Manuel Suárez, quien recientemente se reunió con el alcalde, Emilio Bascuñana. « Nos dio muchas excusas, pero pocas soluciones». El agua es otro problema. La presión en tan grande que las tuberías suelen reventar. «Hay un depósito construido hace 6 años y sin funcionar que nos daría la presión óptima y evitaría las roturas y fugas de las que nos enteramos cuando vienen facturas de más de 1.000 euros», se queja Manuel Gómez.
