El informe encargado por la Conselleria de Sanidad tras las informaciones que apuntaban a que el ahora alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, estuvo durante años (entre noviembre de 2007 y 2013), en su labor profesional como médico, en una adscripción funcional en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante sin acudir a su puesto de trabajo, aunque sí cobrando su nómina, no puede ser más demoledor. Las conclusiones las desveló ayer en las Cortes Valencianas la propia consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras una pregunta de la diputada de Compromís Mireia Mollà, que quería conocer en qué punto se encontraba dicho informe «porque de ser cierto lo publicado, Bascuñana deberá abandonar la Alcaldía de Orihuela».

Barceló explicó que no hay ninguna constancia de que «el doctor Emilio Bascuñana» (como se dirigió al alcalde de Orihuela) haya realizado ninguna labor en ese puesto asignado durante ese tiempo, por lo que estuvo cobrando 55.000 euros al año. Es más, según la consellera del PSOE «no se ha encontrado ningún documento descriptivo de las funciones, supuestamente encomendadas, ni el objetivo, ni el contenido ni la misión de ese trabajo». Por ello, Barceló anunció que su Conselleria va a abrir un expediente informativo «para valorar si cabe algún tipo de acción ya sea administrativo o avanzar más», dijo, en referencia a solicitar un informe a la Abogacía de la Generalitat «por si hubiera lugar a otro tipo de responsabilidades». El alcalde de Orihuela tendrá ahora su oportunidad para dar explicaciones y remitir las pruebas que tenga en su poder del trabajo realizado durante ese tiempo, una vez se abra ese expediente informativo. Ayer no respondió a la llamada de este diario.

Para elaborar el informe, que se inició el 1 de junio, desde la Conselleria se pusieron en contacto con la Dirección Médica de Atención Primaria del Departamento de Salud de Orihuela, donde estaba adscrito Bascuñana, desde donde se ha remitido que entre 2007 y 2011 no hay registrada ninguna actividad por parte del ahora regidor, aunque sí señala que vuelve a aparecer en el programa que realiza el seguimiento y la actividad del personal sanitario, el 24 de enero de 2012, cuando pidió un permiso de vacaciones, además de dos bajas que tuvo, constatando que en ese periodo de tiempo sí tuvo actividad, al contrario de lo que se señalaba en las primeras informaciones, que hablaban de un periodo de más de 6 años sin que hubiera constancia de su labor. Según la Consellera, son 4 los años en los que no consta que haya trabajado en la Dirección Territorial.

Tanto en ese programa como en el expediente personal de Bascuñana como médico, aparece que entre 2007 y 2014 realizó su trabajo en distintos centros de salud vinculados al departamento de Orihuela. El 1 de noviembre de 2007 fue adscrito a la Dirección Territorial de Alicante, para realizar tareas de asesoramiento relacionadas con drogas y conductas adictivas, según explicó el propio Emilio Bascuñana tras destaparse el escándalo. Y en abril de 2013 pasó a coordinar el Centro de Salud de Almoradí.

El informe llega aún más lejos porque señala que se ha contactado con los funcionarios de esa Dirección Territorial de Sanidad que, en teoría, deberían haber coincidido con Emilio Bascuñana, pero a ninguno le consta que éste hiciera acto de presencia física en sus dependencias ni tampoco tienen constancia de su paso por ellas. «Ni siquiera que tuviera despacho», añadió la Consellera de Sanidad. Por tanto, explicó Barceló, «no se puede constatar que el citado funcionario hiciera tareas o realizara actividades durante ese periodo y, de haberlo hecho, no quedaron registradas y no constan en la Dirección Territorial». Ni siquiera consta en el registro de entrada de la Dirección Territorial de Sanidad la resolución de esa adscripción funcional en ese departamento, solo en el expediente, señaló la consellera.

En su pregunta, Mireia Mollà comparó el que Bascuñana estuviera, supuestamente, cobrando durante sin ir a trabajar «con el falso máster de Cifuentes o el de Pablo Casado». El pasado 22 de junio se celebró una sesión extraordinaria, pedida por la oposición, para reclamar explicaciones al alcalde donde éste se negó a contestar tanto a PSOE como a Cambiemos.