Las grabaciones de las cámaras de seguridad de los calabozos de Torrevieja donde fueron custodiados los dos detenidos que denunciaron torturas policiales fueron borradas tres semanas después de que se produjeran los hechos tras la denuncia de las víctimas. Así de claros fueron los peritos que declararon ayer en la tercera sesión del juicio contra cinco policías locales acusados de agredir a los arrestados tras pillarles in fraganti robando en la vivienda de un mando, en una causa que tiene a otros tres implicados por omisión del deber de impedir estas supuestas acciones delictivas y por encubrimiento, según la Fiscalía.

Las grabaciones de seguridad, según se explicó en el juicio, se almacenaban digitalmente en un ordenador sin que tuvieran fecha de caducidad por lo que solo podían ser borradas manualmente. Pero en la mañana del 11 de julio de 2006 -la detención de los denunciantes se produjo el 26 de junio-, alguien cuya identidad no ha podido ser acreditada accedió al sistema informático que controlaba estas grabaciones y activó el borrado automático de todo el archivo con una antigüedad superior a los quince días. Por tanto, esa misma noche, el sistema informático borró todas las grabaciones realizadas desde el 15 de junio hasta el 28.

Los técnicos también apuntaron a que, hasta ese 11 de julio, no existía ningún sistema de borrado automático de las grabaciones del calabozo por lo que la acusación popular, ejercida por la Asociación pro Derechos Humanos de España, incidió en que no podía tratarse de una mera casualidad, e insistió en que se borraron a propósito para eliminar pruebas de estas presuntas torturas. Por su parte, la defensa de los acusados, argumentó que ese sistema de borrado automático es lo habitual en cualquier circuito de seguridad, para evitar saturar el almacenaje de los ordenadores donde se guardan las imágenes.

Durante la mañana de ayer también declararon los agentes que trasladaron a la pareja detenida, que es la que denunció las torturas, hasta el centro sanitario. Al tratarse de un caso que data de hace más de doce años, alegaron que no recordaban los hechos o el estado de los implicados. Lo mismo señalaron los médicos que los atendieron, tanto en el Centro de Salud de La Loma, en la localidad salinera, y los que se encargaron de diagnosticar que uno de ellos tenía dos costillas fracturas, en el Hospital Vega Baja de Orihuela.

En cambio, los guardias civiles que trasladaron a los dos detenidos hasta el centro hospitalario sí ratificaron su declaración de entonces, donde aseguraban que, en el trayecto, estos manifestaron que habían sido agredidos en dependencias policiales.

El caso se juzga sin que los denunciantes se hayan personado a prestar declaración, ya que están en EE UU y Colombia. Tampoco cuenta con acusación particular pues su abogada fue apartada al inicio de las sesiones por cuestiones burocráticas, y no puede ejercer la acusación. Las sesiones continuarán el 19 de julio, con más testigo y la escucha de las grabaciones de los teléfonos de los agentes, intervenidos durante la investigación. Unas conversaciones que recoge, según fuentes jurídicas, cómo supuestamente se amañaron las grabaciones del calabozo y se cambió el atestado policial.