El Ayuntamiento de Rojales ha ordenado a la asociación Huerta Viva que desmantele el criadero de conejos, pollos y patos que mantiene desde hace dos años en la finca en la que se ubica el Museo de la Huerta. El colectivo se disolvió hace un año y solo dos de sus socios se mantuvieron al frente, quienes han continuado con la crianza de animales. Según un informe de la Policía Local, ambos reconocieron que financiaban su actividad con la venta de aves y huevos mientras la granja, ubicada en terreno público, no disponía de ningún tipo de licencia.
El criadero de pollos y patos se encuentra en una parcela vallada junto al museo y los conejos en un almacén anexo construido para tal fin, donde se ubicaron diversas jaulas. El inmueble servía también para guardar las herramientas que utilizaba la asociación. Hasta hace pocos días todos los animales seguían en ese mismo sitio.
Además del criadero de aves y conejos, Huerta Viva tendrá que dejar de cultivar también las dos parcelas agrícolas que se utilizaban para cosechar alfalfa para los animales y otros productos. Este asunto ha causado cierta polémica porque el Partido Demócrata de Rojales (Pader), en la oposición, ha criticado que el consistorio, presidido por Antonio Pérez (PSOE), ha tardado un año en llevar a pleno la propuesta que pone fin a la cesión de las parcelas municipales a dicho colectivo. Según su portavoz, Desiderio Aráez, el equipo de gobierno sabía que el 18 de mayo de 2017 se celebró una asamblea en la que todos los miembros del colectivo menos dos acordaron dejar Huerta Viva. Es por ello que el concejal se pregunta cómo es posible que la edil responsable de Patrimonio, Inmaculada Chazarra, no haya actuado antes cuando existe un informe del 24 de julio de 2017 que se encargó para «verificar si dentro del edificio municipal denominado Museo de la Huerta había una posible instalación de criadero de animales».
«Todos lo sabían»
Eso es algo del todo extraño, a juicio del Pader, porque «tanto el gobierno local como todo Rojales sabía lo que allí se estaba haciendo», que no era otra cosa que criar y vender pollos, patos, conejos y huevos, principalmente para consumo humano.
Los informes realizados por la Policía sobre este asunto fueron tres. El primero, del 13 de julio de 2017, ratificaba que la granja existía y certificaba que los animales estaban en ese lugar. Los agentes recordaron entonces que la Ordenanza Municipal Reguladora de la Tenencia de Animales señalaba que «la instalación de criaderos de animales en otras clases de suelo (fuera de urbano) quedará condicionada a la obtención de la preceptiva licencia municipal», dando por hecho que el Ayuntamiento se la tendría que haber dado. En ese sentido se advirtió que el consistorio debía verificar si la granja cumplía los requisitos higiénico-sanitarios establecidos legalmente, pero, al parecer, nada se hizo. El segundo informe, fechado el 22 de agosto de 2017 apuntaba que los agentes preguntaron a uno de los dos miembros que quedaban ligados a Huerta Viva y este admitió que, efectivamente, se comerciaba con animales y huevos para financiar la actividad de la asociación. El último informe, de mayo de 2018, ratificaba que los animales seguían en el mismo lugar. Ahora tendrán que ser trasladados a otra parte.
