El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, del Partido Popular (PP), se enfrentará mañana a uno de los plenos más complicados de su mandato. El regidor será el protagonista de una sesión en la que se abordará única y exclusivamente un asunto: si cobró durante seis años sin acudir a su puesto de trabajo en la Dirección Territorial de Sanidad en Alicante, entre 2007 y 2014. Ha sido la oposición de PSOE y Cambiemos la que ha forzado la convocatoria monográfica al considerar que Bascuñana no ha dado suficientes explicaciones hasta el momento. Mientra tanto, él insiste en que dichas acusaciones son rotundamente falsas.

El regidor popular disponía de 15 días hábiles para convocar la sesión exigida por los ediles socialistas y los de Cambiemos. Bascuñana ha preferido no agotar los plazos y fijar la sesión para mañana, 22 de junio. De no hacerlo por voluntad propia, se habría convocado de forma automática 10 días después, en la antesala de las Fiestas de la Reconquista. La sesión se desarrollará antes de que se haya hecho pública la investigación que la Conselleria de Sanidad dijo que haría sobre el trabajo que desempeñó el ahora alcalde durante su adscripción funcional a ese departamento. La oposición desconocía ayer cómo se desarrollará la sesión y cuánto tiempo durarán las intervenciones ya que, según se aseguró, no se ha convocado previamente una Junta de Portavoces, por lo cual intuyen que dispondrán de los mismos turnos que en las mociones que se abordan en sesiones ordinarias.

La portavoz del PSOE, Carolina Gracia, dijo ayer que espera que el regidor «esté a la altura y ofrezca todas las explicaciones» al considerar que las informaciones publicadas «lo dejan realmente en una situación bastante complicada». La edil consideró que «desde el primer momento tendría que haber dado explicaciones a iniciativa propia, pero ya que esto no ocurrió, la oposición ha conseguido que finalmente el alcalde tenga que hablar sobre este asunto». El portavoz de Cambiemos, Karlos Bernabé, valoró que esos supuestos cobros sin trabajar estarían vinculadas a una «trama de clientelismo» desarrollada por el PP valenciano y comparó su caso con el de la dimitida Cristina Cifuentes.