Ya no es una amenaza. El Ayuntamiento ha ordenado por decreto emprender acciones legales contra el arquitecto Antonio Marqueríe Tamayo, director del proyecto del Teatro Municipal de Torrevieja para exigirle que emita el certificado final de obra del recinto. El Teatro y todas sus oficinas están cerradas desde septiembre de 2015 por la Generalitat, por carecer de licencia municipal de apertura. Lo que a su vez dejaba en el aire que cumpliera la seguridad mínima para los trabajadores y espectadores, tal y como recogían los informes de la administración autonómica.
En la misma resolución se paraliza del trámite de obtención de licencia municipal de apertura para el recinto, que se inició en 2004, dos años antes de la inauguración y, que no hay forma de culminar, pese a que ahora, ya estaba lista para esa rúbrica del arquitecto, tras las gestiones realizadas por la empresa de certificación (OCA) contratada por el municipio en 2014, y el propio Ayuntamiento . Y es que la acción judicial es incompatible con la continuidad de la autorización: es Marqueríe el que puede y debe firmar el último papel - el fin de obra del que carece el edificio 12 años después de construirse- necesario para contar con el visto bueno y abrir.
Marqueríe se ha negado a firmar el fin de obra porque asegura que en la inspección que realizó a finales de 2017 halló actuaciones e intervenciones en el edificio que no estaban en el proyecto ni cuando se abrió la obra al uso público. El arquitecto siempre ha esgrimido estos problemas técnicos al tiempo que reclamaba al Ayuntamiento, en paralelo, la percepción de honorarios valorados en más de 150.000 euros, aunque municipio y empresa adjudicataria de la obra, Acciona, aseguran que ya percibió todos los correspondientes a su contrato.
En el decreto firmado por la edil de Urbanismo, Fanny Serrano y el jefe de Urbanismo, Santiago Romero Portilla, cada uno de los funcionarios que han tenido que ver con las obras y la gestión del recinto en la última década aseguran desconocer por completo ese tipo de obras, lo que desmonta el penúltimo argumento de Marqueríe para negar la firma.
Lo dice el arquitecto municipal adscrito ahora al área de Intervención, Víctor Costa Mazón, el coordinador de Cultura, Manuel Esteban Moreno, y el jefe accidental de Obras y Servicios, Francisco Cruz conocen las obras que señala Marqueríe, como la creación de despachos y aseos en la zona destinada a concejalías, y que no aparecían en el proyecto. Administrativamente -al menos- no existen.
Fiscalización
El equipo de gobierno ha anunciado un pleno de fiscalización con seis puntos para analizar toda la gestión de la construcción, riesgos laborales, seguridad y tramitación de la licencia que se ha seguido desde que se inauguró el espacio hasta su clausura por parte de la Generalitat en septiembre de 2015. El decreto se ha trasladado junto a la documentación de la sesión a los siete grupos que forman parte de la Corporación sin que la edil de Urbanismo, o el alcalde José Manuel Dolón (Los Verdes) hubieran anunciado su decisión, tras el informe de Urbanismo, de denunciar al arquitecto y paralizar el procedimiento. El primer edil plantea la sesión plenaria, que se quiere convocar para el miércoles 20 o el jueves 21 de como una depuración de responsabilidades que señala al PP como principal como «culpable» del actual callejón sin salida del cierre del teatro. El alcalde no llegó a informar ni de que Marqueríe había señalado en un informe obras que no estaban en el proyecto, ni que se iban a emprender acciones legales contra el técnico. Solo que se iban a «realizar uno, dos o tres» plenos de fiscalización, aunque seguramente servirán para apuntalar los argumentos jurídicos contra el arquitecto.
El PP sigue manteniendo que el teatro podría estar perfectamente abierto. Aunque no aclara cómo. En 2006 los edificios municipales no necesitaban licencia de apertura -aunque el expediente sí se inició para obtenerla en 2004, con las obras en marcha-, un procedimiento que certifica que cumple todos los requisitos para albergar a más de 600 espectadores.
El arquitecto no vio muy claro que el edificio cumpliera porque se inauguró con un documento de «ocupación» pero sin el fin de obra porque el proyecto soportó una sobrecoste millonario con certificaciones sin validar por parte del Ayuntamiento por valor de más de tres millones de euros. Al final ese sobrecoste se abonó tras una junta de gobierno en 2011, judicializada por la oposición en 2014, en una causa archivada pero recurrida en la Audiencia. Ya en el pasado mandato y con la presión de la Generalitat y la oposición el gobierno presidido por Eduardo Dolón ordenó un procedimiento de obtención de licencia a través de un organismo de certificación externo (OCA), aunque sin cerrar el recinto.
En septiembre de 2015, recién estrenado el gobierno de José Manuel Dolón, la Generalitat resolvió la clausura. Para el PP esa resolución solo exponía al Ayuntamiento a sanciones y no obligaba el cierre del recinto. Los populares consideran que no se ha dado un cierre efectivo porque el decreto municipal de clausura no existe y recuerda mantiene que ningún técnico municipal ha pedido el cierre. Incluso que el actual cierre no es efectivo formalmente. El gobierno argumenta que un inmueble que no cuenta con decreto de apertura, con una licencia, no podía tener otro de clausura y que la Generalitat sí exige esa licencia.
