El exconcejal socialista de Redován José Manuel Cartagena y un empresario serán juzgados en noviembre por el «caso Cambiazo», que investiga el supuesto amaño del concurso para adjudicar el servicio de agua y alcantarillado en el municipio. Será un jurado popular quien decida si son culpables o inocentes. Los hechos se remontan a 2010 y será ahora, ocho años después, cuando los dos acusados se sentarán en el banquillo.
La Audiencia Provincial ha ordenado iniciar el procedimiento para designar a los representantes de la ciudadanía que se encargarán de emitir el veredicto. Las sesiones de la vista oral se celebrarán entre los días 6 y 9 de noviembre, según se recoge en el auto de hechos justiciables. En un principio la causa se iba a juzgar a través de procedimiento ordinario pero se interpuso un recurso que llegó hasta el Tribunal Supremo, que desestimó el recurso de casación interpuesto por la fiscalía contra un auto anterior de la Audiencia de Alicante que ordenaba devolver la causa al juzgado que la instruyó en Orihuela para que sea tramitara por el procedimiento de jurado popular. Eso ocurrió en julio de 2017 y ha sido cuando se ha fijado la fecha definitiva del juicio.
Según se recoge en la relación de hechos expuesta por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, el concejal socialista, prevaliéndose del ejercicio de sus funciones y actuando con la finalidad de beneficiar al otro acusado, Antonio García Casas, y a la empresa que este gestionaba, Bluesa, instó a un técnico del Ayuntamiento que era el encargado de valorar las ofertas presentadas por las empresas al concurso a que «aumentara la puntuación a asignar a la oferta presentada por la UTE a la que pertenecía Bluesa, en detrimento de la otra sociedad que había licitado, Facsa». Señala asimismo que el empresario también ejerció presiones sobre el técnico para conseguir que puntuara mejor su oferta en detrimento de la otra para beneficiarse económicamente. Pero esas maniobras no dieron resultado y el concurso lo acabó ganando Facsa.
Según la magistrada, lo que ocurrió después fue que alguien que actuaba de mutuo acuerdo con el empresario, con la finalidad de paralizar la adjudicación del contrato, realizó el famoso «cambiazo». Lo que se hizo fue suplantar el documento resumen del canon ofrecido por la empresa ganadora, en el que constaba que aportaría como canon 3.350.000 euros. En su lugar se puso otro que expresaba como importe 335.000 euros. Después, el representante de Bluesa pidió paralizar el proceso y que se le adjudicara a él el contrato.
Acusación
El Ministerio Fiscal cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de tráfico de influencias por la actuación del concejal y del empresario, mientras que a éste último le suma también un delito de falsedad documental. Para el político solicita un año de prisión y cinco de inhabilitación para el empresario dos años y 11 meses de cárcel. Por su parte, la acusación que ejerce el Ayuntamiento pide una pena de 5 meses de prisión y 5 meses de multa por el delito de falsedad para Casas, así como 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por tráfico de influencias. Para el exedil ha pedido 6 meses de prisión y multa de 20.481.000 euros por supuesto delito de tráfico de influencias. También ha solicitado que la UTE indemnice al Ayuntamiento con 223.204 euros por el perjuicio causado al consistorio.
