Denunciante protegido. Esa es la condición que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción ha concedido a un policía de base que denunció un situación de supuesta corrupción en el seno de la Policía Local de Torrevieja. Esta agencia ha accedido a su solicitud que le otorga el estatuto de «persona denunciante» y le blinda frente a represalias e intimidaciones. Un estatus por el que se pretende proteger a los funcionarios denunciantes en el seno de las administraciones públicas frente a los denunciados. Este agente, que además es delegado sindical de Comisiones, llevó ante la Fiscalía en 2014 la supuesta falta de actuación por parte de sus mandos y responsables políticos del gobierno local en Torrevieja a la hora de perseguir la actividad ilegal de una discoteca situada en la playa de La Mata. Actividad por la que el Ayuntamiento y la jefatura de la Policía Local recibió constantes avisos por molestas y denuncias formales de los vecinos de la urbanización Molino Blanco, desde que abrió sin licencia en el verano de 2013. La instalación fue clausurada por la Generalitat en al actual mandato.

La Agencia, que comenzó su andadura en el último trimestre de 2017, actúa con independencia de las administraciones públicas, aunque depende orgánicamente de la Generalitat. Se creó para prevenir y erradicar el fraude y la corrupción en las instituciones públicas. El artículo 14 de la ley de 2016 que la regula señala que debe «prestar especial atención a la protección de las personas denunciantes y velar para que estas no sufran represalias u otras actuaciones lesivas derivadas de la presentación de su denuncia». En la resolución a la que ha tenido acceso INFORMACIÓN se advierte que si el denunciante es objeto de «actos de intimidación o represalias» la agencia actuará con acciones correctoras. Y si son consideradas como infracción muy grave, por el incumplimiento de las medidas de protección por parte de la administración afectada, en este caso el Ayuntamiento de Torrevieja, la multas se puede elevar hasta los 400.000 euros, además de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat «para su conocimiento público».

Según esa legislación la Agencia debe velar para evitar que las personas denunciantes sufran ningún tipo de aislamiento, persecución o empeoramiento de sus condiciones laborales o profesionales, medidas que impliquen «cualquier perjuicio o discriminación», durante la investigación de los hechos o después de ella.

El caso «Vela Mata» se hizo público durante la transición del cambio de gobierno municipal, en junio de 2015 cuando los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigaban los hechos llamaron a declarar a cargos públicos y mandos policiales a la comandancia de Alicante con asistencia. Las indagaciones comenzaron meses atrás y las denuncias del policía y de los vecinos habían sido recogidas por este diario en 2013 y 2014. Aparecen en calidad de investigados por supuesta falsedad y prevaricación al portavoz del PP, exalcalde de Torrevieja y diputado provincial Eduardo Dolón, el comisario jefe de la Policía Local, un inspector jubilado y otro funcionario del área de Actividades, también jubilado. El juzgado archivó la causa sobre el entonces concejal de Urbanismo, Francisco Moreno, resolución que está recurrida.

En enero de 2016 un juzgado de Torrevieja archivó la causa, que fue reabierta meses después por orden de la Audiencia Provincial.