El Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) de San Fulgencio ha reclamado que se sometan a revisión todos los acuerdos y resoluciones adoptados por el exalcalde, Carlos Ramírez, desde que fue condenado a ocho años y medio de inhabilitación por prevaricar, el 2 de noviembre de 2017, hasta que dejó el cargo en el Ayuntamiento, el 2 de mayo de 2018. Ello incluye la tramitación de diversos contratos y también los sueldos que percibió del consistorio, a razón de 2.600 euros mensuales más la paga extra de Navidad. La oposición cree que debe reintegrar todos los salarios porque no estaba habilitado para poder ejercer como político.
Las concejalas Samantha Hull y Charo Mejías han registrado un escrito en el que consideran que «todos los actos, decisiones unipersonales como decretos y acuerdos adoptados en órganos de gobierno municipal, como plenos y Juntas de gobierno, así como la convocatoria y participación en los mismos, serían nulos de pleno derecho al haber sido adoptados por una autoridad que se encontraba inhabilitado por sentencia judicial». Las ediles han exigido que se revisen especialmente una serie de contratos, entre los que se encuentran el de servicios de carga, transporte y eliminación de podas y también el millonario contrato de las basuras, aprobado en sesión plenaria en diciembre de 2017, y que supuso blindar el servicio durante 20 años con un gasto de 16 millones de euros. Igualmente han pedido que se revise someter el contrato para celebrar el «Rock Arena».
