Una de las principales vías de acceso a Callosa de Segura, la calle Salitre, seguirá cerrada al tráfico, al menos de momento. El vial fue clausurado hace dos años y medio tras detectar que se estaba hundiendo por fugas de agua en el subsuelo. Repararlo cuesta 549.976 euros. La Diputación está dispuesta a financiar hasta 412.000 euros pero el procedimiento para entregar el dinero a través de una ayuda nominativa está bloqueado. Compromís llevó al juzgado ciertas subvenciones de este tipo al considerar que eran irregulares al asignarse «a dedo» y la institución provincial ha paralizado todas las inversiones previstas hasta que el tema se aclare en sede judicial.
Mientras tanto, los ánimos de cientos de vecinos están cada vez más caldeados y ya no solo por el cierre del vial, sino porque cuatro casas fueron desalojadas al detectarse grandes grietas. Desde entonces están apuntaladas y sin una solución. El pasado año la Diputación redactó el proyecto de reforma de la calle y los técnicos valoraron el coste en 335.669 euros. Sin embargo, el concurso de adjudicación quedó desierto porque ninguna empresa quiso realizar la obra al considerar que el presupuesto era muy escaso. Ahora esos mismos técnicos han validado que se haga con 549.976 euros.
El concejal de Somos Callosa, José Navarro, y el síndico de Podemos en las Cortes, Antonio Estañ, se reunieron ayer en la Diputación con el presidente, César Sánchez, y el diputado Adrián Ballester. Les reprocharon que cómo era posible que se hubiera valorado el proyecto en un 40% más ahora dado que, si se hubiera hecho así desde un principio, el problema ya se podría haber solucionado.
Situación límite
Aunque Sánchez valoró que los vecinos del barrio del Salitre «están padeciendo una situación límite que debemos revertir porque afecta a su vida cotidiana y también al progreso de los comerciantes de la zona», no desbloqueará estas ayudas nominativas por prudencia hasta que un juez se pronuncie. Desde Somos Callosa y Podemos, en cambio, solicitaron ayer al responsable de la institución provincial «que si los problemas actuales están ocasionados por la judicialización de adjudicaciones asignadas de manera irregular y que han sido cautelarmente suspendidas, que el resto de las mismas, siempre y cuando se basen en nuevos criterios de utilidad, puedan seguir su curso». En ese sentido Estañ valoró que «no hay motivos para detener actuaciones tan urgentes y justificadas como la de Callosa, que compromete el bienestar de los vecinos y la entrada al municipio».
Con todo ello, desde la institución provincial esperan que en un par de semanas el juez se pronuncie favorablemente sobre este asunto y, en ese caso, se puedan desbloquear los fondos cuanto antes.
